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El control preventivo de identidad

22/02/2021

Columna de opinión del Defensor Regional de Arica y Parinacota

El control preventivo de identidad

En este artículo, publicado en el diario La Estrella de Arica, Claudio Gálvez analiza las cifras de efectividad de los controles de identidad.

La columna de opinión publicada por el diario La Estrella de Arica.

Por Claudio Gálvez Giordano,
Defensor Regional de Arica y Parinacota.

A propósito del reciente incidente que terminó con la muerte de una persona a manos de un carabinero en el marco de un control de identidad preventivo, la polémica sobre éste y su legitimidad vuelven a la discusión pública.

Primeramente, aclaremos que existen dos tipos de controles de identidad: uno llamado investigativo, en que existe algún indicio de vinculación entre el controlado y la comisión de algún delito, y el control preventivo, en que la facultad de controlar a cualquier ciudadano queda al mero arbitrio de las policías, sin relación con ilícito alguno.

Este segundo tipo de control ha copado el actuar policial, dejando casi sin aplicación aquel que debiera estar relacionado con una real acción de prevención delictiva. De casi dos millones de controles investigativos que se hacían anualmente, actualmente se realizan poco más de 300 mil.

Por su parte, se realizaron cerca de 7 millones de controles preventivos o sin indicios durante 2020, lo que pone en evidencia una de las principales críticas que se le han realizado: su uso como mero instrumento de control social, que poco o nada nada aporta al trabajo policial ligado a la comisión de delitos.

Al contrario, se le critica un uso discriminatorio en contra de sectores vulnerables de la sociedad y una escasísima utilidad para el fin para el que supuestamente fue creado, que era el de detener a personas con órdenes pendientes, donde exhibe una magra tasa de eficacia inferior al dos por ciento.

Las opiniones de expertos y académicos nunca estuvieron divididas sobre el punto: siempre se sostuvo que el control sin indicios era una pésima herramienta, que dilapidaba valiosos recursos públicos policiales, que no servía prácticamente para combatir el delito y que se prestaría para abusos policiales derivados de su arbitrariedad y absoluta falta de control.

Lamentablemente toda la evidencia empírica ha terminado demostrando las críticas que se hacían. Es hora de hacer lo que se prometió al establecer esta herramienta legal: revisarla a la luz de sus resultados para decidir si su existencia se justifica o no.

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