Sala de Prensa

18/05/2021

Columna de opinión:

Desafíos actuales para la justicia penal

El Defensor Regional de Atacama, Raúl Palma Olivares, analiza en este artículo la encuesta encargada a la empresa Cadem sobre imagen y posicionamiento institucional de la Defensoría.

El Defensor Regional de Atacama, Raúl Palma Olivares.

El Defensor Regional de Atacama, Raúl Palma Olivares.

Por Raúl Palma Olivares,
Defensor Regional de Atacama.

La Defensoría Penal Pública recibió en marzo del presente año una encuesta encargada a la empresa Cadem sobre su imagen y posicionamiento, que arrojó una serie de resultados de relevancia para auscultar la imagen que la ciudadanía tiene de la institución, pero también entregó una serie de datos interesantes sobre el funcionamiento del sistema de justicia penal y los derechos humanos.

Así, la encuesta señaló que el 76 por ciento de los encuestados (un total de 1220 personas entrevistadas entre noviembre y diciembre de 2020) valora la autonomía de la Defensoría Penal Pública, lo que es una buena noticia respecto de un error de diseño del sistema penal reformado y un justo anhelo de quienes formamos parte de la institución.

Por otro lado, un 92 por ciento de las personas refieren que es relevante contar con un abogado defensor y un 66 por ciento conoce la presunción de inocencia, lo que implica que dos tercios de las personas tienen conocimiento de un derecho angular del debido proceso penal.

Sin embargo, hay datos más que preocupantes en el ámbito de los derechos humanos, ya que su conocimiento en el ámbito del proceso penal alcanza apenas a un 28 por ciento satisfactorio. Un 63 por ciento de las personas estima que el respeto y garantía de los derechos humanos en el sistema de justicia penal chileno es deficitario.

Asimismo, en materia de resguardo de los derechos humanos en la justicia, las mujeres están muy por debajo de los hombres (casi 20 puntos menos) y los más desprotegidos, a juicio de los encuestados, son los pueblos originarios y la diversidad sexual. Como corolario, el 56 por ciento de las personas entrevistadas señala que el sistema judicial actúa de acuerdo al nivel socio económico o el origen de la persona y sólo el 47 por ciento estima que se respetan los derechos y garantías durante el juicio.

En el ámbito carcelario, 3 de 4 personas estima que existe hacinamiento en las cárceles chilenas y que el espacio donde menos se resguardan los derechos es justamente al interior de los recintos penitenciarios (20 por ciento), donde tan solo el 34 por ciento cree que siempre se cuenta con cama y alimentación adecuada.

Estos datos recientes demuestran que es imperativo trabajar que todas las instituciones del sistema de justicia penal y la comunidad organizada trabajen en la legitimidad del sistema ante la ciudadanía, lo que primeramente pasa por el respeto y promoción de los derechos humanos para todas y todos, sin distinciones, con especial foco en los grupos en situación de vulnerabilidad incorporando por ejemplo la perspectiva de género, la cosmovisión de los pueblos originarios y el enfoque interseccional, por nombrar algunos aspectos.

También que es urgente repensar la cárcel de una vez, ¿o acaso podremos persistir en el futuro en la utilización de una institución del siglo XIX, que no satisface parámetros de reinserción social ni de castigo justo?. Que urge, también, reforzar el acceso a la justicia de todas las personas, con énfasis en los grupos más desmedrados de la sociedad, para evitar la percepción de una justicia clasista y encerrada en sí misma.

La falta creciente de confianza ciudadana en la justicia penal, sin resguardos ni reflexión, se traducirá indefectiblemente en una implosión del estado de derecho, en la entronización del inefable populismo penal y en un derrotero de relativización de los derechos humanos que sólo puede traducirse en una indeseable violencia.

Enhorabuena, tenemos una gran oportunidad republicana en nuestro país, que es el proceso constituyente en marcha, donde se debería necesariamente debatir la justicia penal del futuro ya que, como dato contenido en la mencionada encuesta, el 56 por ciento de las personas cree que el sistema judicial mejorará con la nueva Constitución.  

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