15/01/2013
Columna de opinión:
El rol de los jueces
El siguiente artículo, escrito por el Defensor Regional de O´Higgins, fue publicada el pasado viernes 11 en el diario El Rancagüino.
Con motivo de la fuga del sociólogo Hans Niemeyer se ha provocado desde hace rato una polémica en que se involucra al poder judicial en general. El sujeto, acusado por un delito terrorista, estaba sometido a la medida cautelar de arresto domiciliario total, pero la Corte de Apelaciones de Santiago revocó dicha medida, decretando en su lugar la prisión preventiva del imputado.
Cuento corto, Niemeyer se fugó y las críticas a la jueza y al gremio de los magistrados no se hicieron esperar.
Por supuesto, el concierto de opinólogos talibanes del teclado que postean en general en los diarios de toda línea es insufrible y, como tema recurrente, está el de catalogar al Poder Judicial de timorato, pusilánime o irresponsable en su labor de control y combate a la delincuencia.
La polémica es tan antigua como transversal y por ello me permito compartir dos ideas:
a) Los jueces no tienen por función combatir la delincuencia.
Si usted cree que el mayor o menor índice de delitos tiene que ver con la labor de los jueces, está equivocado. Esa no es su función constitucional, ni legal, ni teórica, ni del modo que usted quiera analizarla. De modo que el discurso de la mano blanda o la puerta giratoria -esto es, la ligereza con la que se envía a los delincuentes a la calle- no es sólo una falacia en términos reales (estadísticos), porque un crítico debe situarse siempre en el plano de lo que la ley dispone.
Es la ley la que determina quiénes van a dar a la cárcel, quién paga una multa o quién deba ser absuelto, y la labor del juez es aplicar la norma con criterios objetivos de justicia. Y punto.
Luego, si una jueza determinó que Niemeyer debía cumplir arresto en su casa y la Corte de Apelaciones que debía hacerlo en un recinto penal, eso es parte del juego normativo. A veces es al revés: un juez de garantía condena y las Cortes absuelven.
b) Toda presión al poder judicial es nefasta.
Los jueces -en general- no son todo lo impermeables a la crítica popular que uno quisiera. Las frecuentes amenazas, censuras y reproches desde otros poderes terminan creando una falsa realidad y los jueces se ven en la necesidad de dar señales. ¿Cuál es esta señal evidente? Conformar a los medios de prensa, a los políticos en general y al publico que usa de las redes sociales, aplicando con mayor rigurosidad tanto las medidas cautelares como las condenas en casos dudosos.
El caso de Arturo González, de Lolol, es emblemático. Pasó en la cárcel de Santa Cruz un año en prisión preventiva, no obstante que la prueba del delito de que se le acusaba -homicidio- era fútil o casi ridícula. En definitiva fue absuelto y en la sentencia del tribunal oral se dio espacio para una fuerte crítica tanto al ente persecutor como a las policías.
En 2011 fueron 33 las personas que en la Región de O’Higgins estuvieron presas en circunstancias de que eran inocentes. En 2012 esta cifra aumentó a 44 ciudadanos.
La crítica al poder judicial tiene -entre otras consecuencias- la de desestabilizar al sistema y en el país, durante 2012, sobre 600 personas pasaron por la cárcel sin haber existido fundamento suficiente para tal medida.
Este razonamiento no es nuevo, por cierto. El Defensor Nacional ha señalado que: “Hay una presión de toda la sociedad por aplicar medidas duras a personas que están siendo investigadas por delitos. Siempre está la respuesta a todo en la cárcel".
En definitiva, pregúntese lo siguiente. Si usted es víctima de una acusación falsa, sobredimensionada o mal intencionada y debe enfrentar un tribunal, qué tipo de juez querrá que lo juzgue -un magistrado que resolverá sobre la base del Código Penal, la ley y los antecedentes objetivos de su causa o querrá, por el contrario, un juez combativo (al delincuente), que privilegiará el twitter, la nota periodística o su propio interés en hacer carrera, evitando posteos ofensivos en las redes.
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