Sala de Prensa

10/04/2013

Columna de opinión:

Episodios desafortunados

El siguiente artículo, escrito por el asesor jurídico de la Defensoría Regional de Antofagasta, fue publicado hoy en el diario El Mercurio de esa ciudad.

Ignacio Barrientos, asesor jurídico de la Defensoría Regional de Antofagasta.

Ignacio Barrientos, asesor jurídico de la Defensoría Regional de Antofagasta.

El control de identidad es una actuación que pueden realizar los policías sin contar con autorización judicial ni de la Fiscalía. Es una facultad privativa y excepcional de Carabineros y de la PDI. 

Este tipo de actuación es procedente cuando se está en presencia de un indicio de que una persona cometió un delito, va cometer uno o ejecuta acciones especialmente sospechosas, que habilitan para que el Estado -a través de sus agentes- se anticipe a la comisión o evite la impunidad.

Quien sea objeto de esta medida, por estar en alguna situación que la haga procedente, debe exhibir su carné y si no se ha corroborado el indicio o no tiene orden de detención en su contra podrá proseguir su camino. Por el contrario, si no puede identificarse o se confirma la sospecha policial debe ser conducido a un cuartel policial. Hasta ahí lo básico.

Hemos sido testigos televisivos de actuaciones policiales en que, haciendo uso de esta herramienta excepcional, han “retenido” a personas que vendían crujientes sopaipillas en la vía pública o eran parte del rito universitario conocido como mechoneo.

Voy a ser muy claro. Ambas actuaciones policiales, por su errada interpretación de la norma legal, por su desproporción, por su imprudencia, por el derroche innecesario de recursos públicos merecen (y lo han tenido) un categórico rechazo ciudadano.

No se trata de encarnizarse contra una actuación puntual y desconocer el gran aporte que las policías hacen a la convivencia nacional. Se trata simplemente de mantener un juicio crítico acerca del funcionamiento de las instituciones que deben velar por la seguridad social.

Quien quiera ver en las palabras que vierto en esta columna un ataque está equivocado/a. No tengo razones para el encono contra Carabineros. Mi historia familiar se encargaría de cobrármelo si fuese así.

Deseo que estos episodios ingratos, innecesarios y desafortunados no se repitan. Deseo que quienes tienen la posibilidad de rectificar procedimientos, recomendar prudencia y enseñar buen criterio lo hagan con voz clara y fuerte. Nada hace más daño a una institución que los errores no sean reconocidos, que las malas prácticas no sean abandonadas y que los abusos no sean censurados oportunamente.

En este sentido, es especialmente preocupante que el Índice de Confianza Pública de marzo de 2013 revele una caída de 18 por ciento en la credibilidad que tiene Carabineros en los jóvenes entre 18 y 34 años. Con todo, sigue siendo una de las entidades más valoradas de la encuesta, ubicándose en el cuarto lugar.

Debemos hacer un llamado para que ese capital de confianza no se despilfarre.

Por Ignacio Barrientos Pardo,
asesor jurídico Defensoría Regional Antofagasta.

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