26/06/2013
Migrantes y Defensa Penal
Columna de opinión redactada por el Defensor Regional de Atacama, Raúl Palma Olivares, publicada el día 26 de junio en Diario Chañarcillo.
En el último tiempo se ha producido un debate público y una importante cobertura por parte de los medios de comunicación sobre los migrantes y su presencia en nuestro país y en la región de Atacama. Más allá de las cifras reales que nos sitúan con una presencia migratoria muy por debajo de países desarrollados e incluso otros de la región, resulta innegable que ha existido desde hace un tiempo, un flujo importante de personas extranjeras hacia nuestro país y sobre todo a las regiones más pujantes como la nuestra y todo indica, que de mantenerse los niveles de crecimiento del país por sobre la media latinoamericana, esta presencia se va a incrementar.
Por esta razón, entre otras, desde hace unos años la Defensoría Penal en su decisión de fortalecer la defensa especializada de los grupos sociales más vulnerables ha venido desarrollando un programa de defensa penal focalizado en los extranjeros y migrantes, que en una primera etapa se ha concentrado en la capacitación, acuerdos interinstitucionales, comunicación con consulados y en la elaboración de un catastro nacional de agrupaciones del mundo civil que trabajan con estas personas.
Si bien, los extranjeros representan un porcentaje muy menor en los ingresos nacionales y regionales de la Defensoría, hay situaciones que nos preocupan y sobre las cuales ya estamos trabajando. Por ejemplo, a nivel nacional el ingreso de este grupo muestra una fuerte alza, por sobre el resto, de un 18 por ciento, concentrado especialmente en el norte del país. Asimismo, mientras las detenciones son declaradas ilegales por los tribunales no más allá de un 1,4%, de las causas, en el caso de los extranjeros es de un 13,5%. De esta manera, tenemos datos duros que nos señalan que hay un mayor crecimiento comparativo en el ingreso al sistema penal por parte de los migrantes y que en las detenciones que les son practicadas existen más cuestionamientos que son acogidos por los tribunales de Garantía, lo que nos debe mover como defensores a estar más presentes en los momentos preliminares del proceso penal a fin de evitar que se puedan cometer ilegalidades.
En la Región, nos preocupan los procedimientos migratorios y de expulsión que impactan fuertemente en las personas extranjeras que vienen a buscar nuevas oportunidades de progresar en nuestro país y por sobre todo nos preocupa la masividad con que se practican controles de identidad en buses y transportes, donde son controlados un gran número de extranjeros, a los cuales se les practican incluso exámenes corporales (en búsqueda de ovoides con droga), sin un control por parte de los fiscales ni menos de los tribunales y sin presencia de los defensores.
La persecución penal, sabemos, debe utilizar criterios de inteligencia policial en las primeras fases del proceso penal para recabar los antecedentes y pruebas que permitan esclarecer posibles delitos, pero sabemos también, que esto siempre debe hacerse con estricto apego a la ley y a los derechos fundamentales que protegen tanto a nacionales como a extranjeros que están en nuestro país, evitando cualquier atisbo de discriminación.
Por todo lo anterior, sería deseable que todas las instituciones del sistema penal se capacitaran en materia de proceso penal y migrantes, dado que se trata de una minoría que se encuentra en una situación de desventaja social y con requerimientos distintos del resto de la población.
Como Defensoría, durante este año esperamos profundizar nuestras acciones concretas en pos de una mejor defensa especializada a las personas extranjeras que son perseguidas penalmente en la Región, convencidos que la defensa que incorpora las diferencias de los grupos más vulnerables social y culturalmente, cautela el principio de igualdad ante la ley, piedra angular de nuestro Estado de Derecho.
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