Sala de Prensa

04/03/2014

La Defensoría y los derechos humanos

Columna publicada por el diario El Mercurio ayer 03 de marzo de 2014.

Georgy Schubert, Defensor Nacional.

Georgy Schubert, Defensor Nacional.

Recientemente, Chile rindió por segunda vez el Examen Periódico Universal (EPU) ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, instancia en que junto con valorar los avances logrados en diversas materias, se hicieron algunas observaciones respecto de temas pendientes o de necesario desarrollo futuro. Cabe destacar entre los primeros, la adecuación de la legislación antiterrorista a las normas internacionales, en particular respecto de la definición de los tipos penales y el derecho a un juicio justo; condiciones carcelarias y promoción de medidas no privativas de libertad, y desarrollo de un marco jurídico para la protección integral de los derechos de los migrantes.

En cumplimiento de su misión institucional, la Defensoría Penal Pública ha trabajado intensamente desde hace años en todos estos temas, no solo defendiendo concretamente los derechos de las personas, sino también planteando pública y consistentemente su visión sobre estos problemas y desafíos.

En materia de aplicación de la Ley Antiterrorista, por ejemplo, hemos señalado que en los casos que se han llevado a juicio invocando dicha normativa, no están suficientemente delimitados los tipos penales, y hemos explicado también de qué forma se reducen las garantías y los derechos fundamentales de los imputados; en especial, por qué creemos que la figura de los testigos sin identidad imposibilita el derecho a defensa e impide, por tanto, un juicio justo.

En cuanto a los aspectos penitenciarios, avanzamos desde la discusión de medidas cautelares y penas, a la asistencia de personas condenadas. Esta área especializada de defensa penitenciaria que nació como un proyecto piloto, se transformó en un área de trabajo permanente que este año sumará las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Valparaíso a la actual presencia en todas las cárceles de Coquimbo, Biobío y Región Metropolitana. En 2016 se completará la cobertura nacional. De esta manera, se informará a los condenados privados de libertad cuáles son sus derechos y obligaciones y cuáles son los procedimientos para incorporarse progresivamente al medio libre y así reinsertarse socialmente.

Respecto de extranjeros y migrantes, hemos trabajado consistentemente junto con otras instituciones, generando políticas concretas y modelos especializados para la defensa de sus derechos. Hemos procurado la asistencia consular, la intervención de intérpretes y capacitado a los defensores para sensibilizarlos sobre los prejuicios de los que este particular grupo de personas vulnerables suele ser víctima, la frecuente carencia de redes de apoyo y cómo la sanción penal, en su caso, puede tener el efecto de separarlos/las para siempre de sus parejas, hijos e hijas si tienen un proyecto migratorio y ellos/ellas finalmente son expulsados.

Muchos de estos conceptos han sido sostenidos por los defensores públicos de manera minoritaria, yendo incluso a contracorriente de la opinión pública, que suele imponer sus términos en los objetivos de la persecución criminal y en la legislación, aun sin información confiable y careciendo de respaldo técnico. Sin embargo, este informe refleja precisamente cómo el actuar de los defensores públicos se encuentra completamente acorde con las preocupaciones internacionales sobre derechos fundamentales, de modo que estos son también defensores de los derechos humanos, sin cuya existencia el país sufriría retrocesos importantes y podría comprometer la responsabilidad del Estado ante el sistema internacional de derechos humanos.

En definitiva, la acción cotidiana de la Defensoría es necesaria para el correcto funcionamiento del Estado de Derecho -por la vía de garantizar cada uno de los requisitos que inspiran un debido proceso-, pero también cumple una función más amplia e imperceptible para que Chile avance en materia de protección de derechos, pues además de defender personas, los defensores penales públicos defienden principios hoy consagrados universalmente, en los que como país aún tenemos asignaturas pendientes.

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