Defensor Regional de Maule. 

Paradojal y lamentablemente, los últimos sucesos delictivos ocurridos en Santiago y Linares tienen al país entero, pero también a gran parte de nuestra Región del Maule, esperando, casi ansiosos, la detención de las personas involucradas en tales crímenes.

Ante tamaños hechos, que comparto merecen el más duro reproche del sistema penal en su conjunto, han surgido, otra vez, voces destempladas, que buscan conseguir endurecer la legislación y -lo que es más grave- desconocer los derechos que todos tenemos, cuando se sospecha nuestra participación en un acto ilícito.

Nadie duda que debemos luchar como aparataje público por conseguir que nuestro país y su gente vivan en paz y lo más tranquilamente posible. Pero no por más seguridad debemos transar la libertad que está en juego y que, en ocasiones de la vida republicana de Chile, nos ha costado mucho conseguir.

Así, por deleznable que sea el crimen cometido, las personas que en cualquier minuto serán detenidas tendrán derecho a la defensa jurídica que intentará hacer valer sus derechos dentro del marco establecido, y si no cuentan con abogado privado, estará la Defensoría Penal Pública para dar la atención de calidad que acostumbramos.

Tendrá derecho a que se le trate como inocente, sí, como inocente, porque lo contrario haría innecesario un Poder Judicial en Chile, y con ello negaríamos en definitiva el estado de derecho en su conjunto. Tendrá derecho a guardar silencio, a que tenga contacto con su familia, a que, de quedar preso, lo esté cerca de su lugar de origen, a que se investigue con igual celo los hechos que lo culpan como los que lo exculpan, a generar prueba de descargo, a cuestionar la prueba recogida por la policía en su contra, máxime aun si ésta se recoge vulnerando derechos fundamentales, que también están en nuestra Constitución y son para todos, los que cometen delitos y los que no.

Tendrá derecho a que, si se quieren decretar diligencias invasivas, esto es que afecten derechos fundamentales de terceros o del propio investigado, se recabe, previamente, la respectiva autorización de un juez, so pena de inutilidad procesal de tal prueba.

En fin, es en estos trances en que se prueba a los países con vocación de respeto por los derechos humanos de todos, incluso de los que piensan y los que actúan distinto.

Y cuidado con preferir como valor a la seguridad por sobre la libertad, porque a la vuelta de la esquina podemos volver a un Estado Policial y perder ambos. Lo sensato, pero difícil a la vez, es buscar ambos valores, con mucha fuerza, pero dentro de los márgenes del sentido común, los derechos humanos, el derecho penal -entendido éste como última barrera social- y el estado de derecho.