Sala de Prensa

26/10/2015

Columna de opinión del Defensor Nacional:

Es el momento de una Defensoría autónoma (*)

(*): En el siguiente artículo, publicado por El Mercurio el pasado sábado 24, Andrés Mahnke explica por qué la autonomía de la institución es una necesidad impuesta por los cambios que ha experimentado el país en los últimos 15 años.

El Defensor Nacional, Andrés Mahnke Malschafsky.

El Defensor Nacional, Andrés Mahnke Malschafsky.

Por Andrés Mahnke M.,
Defensor Nacional.

Desde su creación, hace casi 15 años, la Defensoría Penal Pública ha cumplido progresivamente y con reconocida excelencia los desafíos iniciales que imponía la reforma procesal penal. Así, y de la mano de una interpretación amplia del marco normativo, ha logrado dar cobertura nacional a la prestación de defensa pública, pero también ha desarrollado distintos modelos de defensa especializada para grupos vulnerables.

Hoy los desafíos son otros, y surgen de los cambios que han experimentado el mundo y nuestra sociedad, lo que obliga a revisar y poner al día nuestras leyes, muchas de ellas extemporáneas, para dar respuesta adecuada a nuevas demandas, como la reparación de personas inocentes y la defensa de su dignidad en internet.

Somos testigos de algunos fenómenos, como las detenciones ciudadanas violentas, que pueden ser leídas como una forma de tomarse la justicia por las propias manos ante una percepción de ausencia de respuestas por parte de las instituciones o de falta de confianza en ellas. A esto se suman la percepción pública de inseguridad y la necesidad de soluciones urgentes, que tienden a sobreponerse a otros principios, como la libertad, la justicia o los derechos humanos, aunque también leemos encuestas en que las personas siguen valorando los juicios justos y una mejor justicia.

En resumen, vemos con preocupación la falta de confianza respecto de las instituciones y su actuar. Frente a ello, nuestra respuesta como Estado debe ser la de atender esas señales y entregar mayor seguridad a la gente. Ya se ha avanzado en fortalecer el Ministerio Público, y celebramos que así sea, lo mismo que el compromiso del recién elegido fiscal nacional con la presunción de inocencia.

Desde la Defensoría, la respuesta está ligada a su autonomía, entendida como un nuevo estatus que permita cautelar adecuadamente el derecho a la defensa a través de la protección de quienes representan a las personas naturales que se enfrentan al propio Estado. Sabemos que la autonomía de la Defensoría impone altas exigencias y nuevos controles para la institución, pero también grandes beneficios para el sistema penal y para nuestros usuarios y la sociedad.

Si observamos la estructura de la administración, veremos que las instituciones autónomas cruzan diversos ámbitos sensibles, y que incluso el propio Estado cuenta con un organismo autónomo que cautela sus intereses (el Consejo de Defensa del Estado). Sin embargo, y más allá de si son inocentes o culpables, los imputados no cuentan en Chile con una protección de ese nivel, al menos desde el punto de vista penal, y recordemos que todos podemos enfrentar la justicia penal, porque así lo hacen también miles de inocentes anualmente.

En este punto, debemos insistir en la posibilidad permanente de error del sistema de justicia, noción que valida la importancia de una defensa fuerte e independiente que impida la condena de inocentes y asegure las herramientas legales suficientes para enfrentar el poder punitivo del Estado en igualdad de armas con la persecución penal.

En el contexto de los debates en torno a una nueva Constitución, se hace propicio pensar en pasar desde una concepción asistencialista del Estado a una visión más integral y moderna de la justicia, en que el acceso a esta y el derecho a la defensa y a un juicio justo no sean vistos como una prestación social, sino como una obligación que cruce toda la estructura de la administración para garantizar un derecho fundamental.

La autonomía de la Defensoría no es, entonces, un anhelo institucional, sino una necesidad que impone la actual realidad. Entenderlo y materializarlo contribuirá al fortalecimiento de la justicia y al mejoramiento de la democracia. Este es el momento.

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