Sala de Prensa

28/06/2024

Según las cifras reveladas ayer por la Defensoría Regional

El 19 por ciento de las personas imputadas en 2023 resultaron inocentes o no condenadas en el Biobío

Estos relevantes datos estadísticos fueron entregados por el Defensor Regional del Biobío, Osvaldo Pizarro, durante el balance de la gestión anual 2023 de su equipo, ceremonia en que relevó el rol institucional como garante de los derechos de todas las personas ante la persecución penal del Estado, en un proceso donde siempre debe primar la presunción de inocencia.

Victoria Haquin V.;
Defensoría Regional del Biobío

Al rendir ayer cuenta pública de la gestión 2023 del equipo que dirige, el Defensor Regional del Biobío, Osvaldo Pizarro Quezada, enfrentó las percepciones existentes respecto de la criminalidad en la zona con cifras de atención que dan cuenta de que los ingresos de causas se han estabilizado en la región. Pizarro se refirió, además, a la aplicación de la prisión preventiva como una condena anticipada y respondió a los cuestionamientos respecto del rol institucional dentro del sistema de justicia, entre otros temas.

El balance de la gestión regional del año pasado se realizó en el auditorio de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Concepción (UdeC) y contó con la presencia del Defensor Nacional, Carlos Mora Jano, y de autoridades regionales que destacaron el intenso trabajo interinstitucional que desarrolla la Defensoría en el Biobío.

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA
En su exposición, Pizarro explicó que el 19 por ciento de  las 23 mil 734 causas terminadas en 2023  concluyeron con imputados inocentes o no condenados, cifras que según el directivo “deben hacernos reflexionar respecto de la presunción de inocencia y posicionarla como un principio inquebrantable, cuestión que demasiadas veces se olvida, exponiendo como autores de un delito a personas que se encuentran aún en etapas iniciales de investigación, siendo finalmente absueltos o no condenados, como le ocurrió a 4 mil 529 personas ese año, sólo en la región del Biobío”.

El abogado agregó que otro tema que preocupa a nivel institucional es un aumento de 30 por ciento en la aplicación de la medida cautelar de prisión preventiva en comparación con 2022. Este incremento -explicó- puede transformarse en una condena anticipada para quienes, al culminar sus procesos, son sometidos a condenas no privativas de libertad o sanciones menores al tiempo que permanecieron encarcelados mientras se realizaba la investigación de sus causas.

En ese contexto, destacó el caso de Alejandro Ramírez, un hombre de 60 años quien estuvo dos años y tres meses privado de libertad antes de ser finalmente absuelto, caso que se postula actualmente al "Proyecto Inocentes" y que será analizado el próximo 11 de julio por el comité editorial de esta iniciativa institucional (revise aquí nota aparte). 

DEFENSA DE TODAS LAS PERSONAS
“Somos una institución que vela por los derechos y garantías de todas las personas, sin distinciones de ningún tipo, asegurando un equilibrio entre la persecución efectiva de un delito y la protección de los derechos individuales de los ciudadanos. La defensa se realiza respecto de personas imputadas. No 'delincuentes', sino personas que están amparadas en la presunción de inocencia”, destacó el Defensor Regional.

A partir de lo anterior, sostuvo que "resulta de suma importancia que se mantengan los equilibrios del sistema penal acusatorio, de manera que un incremento en la dotación de fiscales se refleje proporcionalmente en la cantidad de defensoras y defensores públicos".

Añadió que las instituciones del sistema deben seguir educando a la ciudadanía respecto de sus respectivos rolesm pues “si bien es cierto la percepción de impunidad es preocupante para la sociedad, es aún más importante y esencial entender que la labor de la defensa penal pública no es perpetuar la impunidad, sino asegurar que el sistema judicial opere con equidad y justicia”.

Por lo mismo, sostuvo que un sistema de justicia sin una defensa adecuada podría llevar a casos de abusos y o a la ocurrencia de errores que, a largo plazo, "dañarían aún más la confianza pública en la justicia, afectando los necesarios equilibrios de un estado democrático de derecho".

ADOLESCENTES Y MIGRANTES 
Otro tema central de la cuenta pública fueron las cifras de imputados adolescentes y migrantes, a propósito de la percepción que existe sobre eventuales explosivos aumentos en estos ámbitos.

En este sentido, el Defensor Regional del Biobío indicó que, del total de causas ingresadas al sistema el año pasado, sólo el 2,3 por ciento correspondió a personas migrantes, con un total de 484 casos, mientras que los jóvenes infractores de ley atendidos sumaron 857, cifra que representó el 4 por ciento de los casos totales y que se mantiene estable en los últimos años, muy por debajo de las 2 mil 343 causas de este segmento de población ingresadas en 2017.

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