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Valor público de la Defensoría Penal Pública

10/05/2016

Columna de opinión:

Valor público de la Defensoría Penal Pública

El siguiente articulo, publicado por el diario El Centro de Talca el pasado martes 3 de mayo, fue escrito por el Defensor Regional del Maule, José Luis Craig.

José Luis Craig, Defensor Regional del Maule.

Por José Luis Craig M.,
Defensor Regional del Maule.

Hace menos de un mes, en la Plaza de la Ciudadanía, y contando con la presencia de la Presidenta de la República, doña Michelle Bachelet Jeria, el Defensor Nacional, don Andrés Mahnke Malschafsky, rindió cuenta de su primer año de gestión, haciendo gala de una de las principales virtudes de nuestra institución, la transparencia, la que no sólo se encuentra en el campo en que los defensores se mueven más a gusto, como es el proceso penal que ahora es público y oral, sino en algo más profundo, en la permanente disposición a ser medidos y auditados por la ciudadanía, por empresas externas especializadas y, en general, por cualquier persona o grupo que quiera entender y conocer lo que la institución realiza.

Lo anterior se engarza con un concepto relativamente nuevo en la administración pública como es el “valor público”, que es el beneficio que obtienen los ciudadanos (destinatarios) a partir de los resultados y efectos emergentes de las prestaciones de las organizaciones públicas.

Sólo se genera valor público en la medida que un destinatario reconoce que la prestación recibida ha representado: (a) una respuesta adecuada a una necesidad o problema relevante para él; (b) una apertura de nuevas oportunidades vitales actuales o futuras, o (c) un aporte sustancial a la construcción de comunidad, ciudadanía, equidad o capital social.

Así, nuestra institución, con el fin de que sean los propios ciudadanos lo que nos midan y nos digan si creamos o no valor público, encargó un estudio denominado “Auditoría de percepción pública del servicio de la Defensoría Penal Pública”, incorporando en ella el rol que juegan otros actores del ámbito de justicia y que, a nuestro juicio, deben ser considerados al momento de situar a la Defensoría Penal Pública en el escenario actual.

La mayoría de las personas consultadas manifestaron tener un bajo nivel de confianza en las instituciones relacionadas con la justicia en Chile. Así, el 83,8 por ciento dijo estar en desacuerdo con la idea de que “la justicia es igual para todos”, y un 91 por ciento dijo creer que en Chile “existen grupos cuyos derechos son vulnerados con mayor frecuencia”.

Sólo el 26 por ciento conoce en que consistió la reforma procesal penal, lo cual nos pone el desafío de volver a salir a explicar el funcionamiento del sistema y los derechos que nos asisten a todos los que habitamos el país.

Ahora bien, no todas las percepciones mostradas por el estudio son negativas. Por ejemplo, el 95 por ciento de los encuestados considera relevante la existencia de una institución que defienda los derechos de los imputados, mientras que el 70,7 por ciento estuvo de acuerdo con que el Estado garantice esa defensa y esta sea gratuita y de calidad.

Respecto a la presunción de inocencia, la mayoría considera que es el derecho menos respetado en nuestro país, a pesar de que casi el 90 por ciento cree que “una persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario”.

De los resultados antes mostrados podemos extraer que el valor público del trabajo de los defensores penales es aportar legitimidad a la persecución penal y al rol sentenciador de los jueces. Todos en nuestros respectivos roles formamos parte de una justicia viva, que actúa diariamente con personas y que, por lo mismo, necesita adaptarse y revitalizarse siempre.

Ahí está el valor público del sistema y con ello el de nuestra propia existencia. La gente lo sabe, hacia allá debemos apuntar sin interrupciones en el camino. Ojalá todos lo tengan presente, en el Congreso Nacional también.

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