Sala de Prensa

02/08/2016

Columna de opinión:

Interconexión con Poder Judicial

El siguiente artículo, escrito por el Defensor Regional del Maule, José Luis Craig, fue publicado por el diario El Centro el martes 2 de agosto de 2016.

José Luis Craig, Defensor Regional del Maule.

José Luis Craig, Defensor Regional del Maule.

Por José Luis Craig M.,
Defensor Regional del Maule.

El 4 de agosto venidero se concretará un anhelo esperado por mucho tiempo por nuestros defensores y defensoras, cual es la interconexión del sistema informático del Poder Judicial con el de la Defensoría Penal Pública.

En efecto, desde el inicio de la reforma procesal penal, hace ya casi 16 años, la idea era que los defensores y los fiscales se comunicaran internamente, a través de los servidores de cada institución, con los tribunales de justicia, dejando vigente sólo para casos muy especiales la engorrosa y añeja tramitación de escritos en papel.

Lamentablemente, ello se hizo realidad sólo parcialmente, puesto que fue el Ministerio Público el que, a poco andar de la reforma, pudo interconectarse con la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ),  generando así una comunicación más rápida y segura de los principales escritos que la Fiscalía debe presentar para que sean resueltos por los jueces de la república.

Afortunadamente, la entrada en vigor de la Ley N° 20.886 aceleró el proceso de negociación que venía efectuándose entre ambas instituciones y en dos etapas, una que comenzó el 21 de julio pasado en cuatro regiones piloto, y la segunda que incorporará -como ya se señaló- el próximo jueves al resto de las regiones del país, a un sistema interconectado que permitirá que los defensores y defensoras envíen escritos de todo tipo, interna y digitalmente, para que sean recibidos por los distintos tribunales de la región y sean resueltos y notificados en el mismo sistema, sin necesidad de ocupar recursos externos, tales como el soporte papel o los correos electrónicos de los funcionarios y funcionarias.

Obviamente, como en todo cambio radical, existirán problemas, como los que han existido en la implementación, por ejemplo, de la ley ya señalada, que implicó el cambio completo de la tramitación vía papel a digital en gran parte de los tribunales del país.

Esperemos que la etapa de marcha blanca y la primera etapa de implementación traigan la menor cantidad de inconvenientes y pronto entremos a hacer tangibles los beneficios de este sistema, en términos de ahorro de recursos materiales, de horas hombre para nuestras asistentes administrativas, de rapidez en la tramitación de las causas criminales y, en definitiva, de acceso a la justicia para todos.

La Defensoría Penal Pública siempre ha estado llana a ser piloto en todas estas innovaciones que van de la mano con el buen uso de los recursos tecnológicos de punta y la colaboración que debe existir entre todos los intervinientes del sistema penal, por lo cual seguiremos buscando la mejora continua de todos nuestros procesos, con el fin de hacer más expedita la tramitación de las causas de todos nuestros usuarios y, además, más fácil la forma de trabajo de nuestros funcionarios y defensores.

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