Sala de Prensa

22/08/2017

Columna de Ignacio Barrientos Pardo, jefe de Estudios de la Defensoría Regional

La Ley de Migración en discusión

El siguiente artículo fue publicado en el diario El Mercurio de Antofagasta.

Ignacio Barrientos Pardo, jefe de Estudios de la Defensoría Regional de Antofagasta.

Ignacio Barrientos Pardo, jefe de Estudios de la Defensoría Regional de Antofagasta.

Por Ignacio Barrientos P.,
jefe de Estudios,
Defensoría Regional de Antofagasta.

El 21 de agosto, el Gobierno firmó el proyecto de ley sobre migración. En él se valora la migración como un derecho fundamental. Sus objetivos serán regular el ingreso, tránsito, residencia, permanencia y egreso del país de las y los extranjeros; establecer un sistema nacional de política migratoria y definir una institucionalidad migratoria encargada de la ejecución de las normas de legales y de la Política Nacional Migratoria.

Podríamos decir que se trata, en principio, de una buena noticia en un mal momento. No resulta -nos parece- adecuado poner en discusión un tema como éste en un escenario electoral. 

Con seguridad, poco se avanzará en su tramitación en los meses que vienen. Esperamos que no se constituya en el punto de la discordia que polarice las opiniones y genere ese odioso nacionalismo que ha emergido en otras latitudes.

El establecimiento de un estatuto legal de los/as migrantes requiere, por una parte, un análisis serio, racional y solidario que encarne los compromisos internacionales que Chile ha ratificado y, por otra, que considere la acertada jurisprudencia que han creado los tribunales chilenos.

Debe quedar fuera de esa discusión toda la mitología xenófoba que algunos personajes se han apurado a alimentar. Un debate serio, como esperamos se produzca, debe partir de datos y estudios objetivos y constituir un real avance en relación con la regulación existente.

Y cuando sostenemos que debe ser un real avance queremos decir, sin ambages, que en esta materia se debe actuar con absoluto respeto de las normas convencionales internacionales y de los estándares fijados por los organismos y tribunales internacionales.

Saludamos con beneplácito que el proyecto declare en forma explícita la no criminalización de la migración irregular. Constituye un avance que debe ir acompañado de otras medidas que hagan realidad el derecho a migrar como derecho fundamental. En este sentido, toda la regulación sobre permisos o visas de residencia debe permitir una respuesta coherente con las declaraciones de principios que se formulan en la primera parte del proyecto.

Por último, creemos que las voces de las organizaciones de migrantes y pro-migrantes, de especialistas y estudiosos sobre la materia, deben ser escuchadas para que el texto final concite un amplio respaldo y pavimente la constitución de nuestro país como una genuina sociedad de acogida.  

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