Sala de Prensa

28/08/2017

Columna de opinión:

Defensoría Penal Aymara e Indígena

El siguiente artículo, escrito por el Defensor Regional de Arica y Parinacota, fue publicado en el diario de La Estrella de Arica.

Claudio Gálvez, Defensor Regional de Arica y Parinacota.

Claudio Gálvez, Defensor Regional de Arica y Parinacota.

Por Claudio Gávez Giordano,
Defensor Regional Arica y Parinacota.

Hace un par de semanas anunciábamos en estas mismas páginas que la Defensoría Penal Pública se encontraba en proceso de implementación de una unidad de defensa especializada para las causas indígenas. Esta unidad, la  Defensoría Penal Aymara e Indígena, es por fin hoy una realidad, que nos permitirá responder a una antigua y sentida demanda de comunidades y organizaciones aymaras por una defensa para pueblos originarios, realizada ya desde los años '80 y reposicionada con la entrada en vigencia de la reforma procesal penal en nuestra región.

Si bien la Defensoría ha realizado un constante esfuerzo desde su instalación en la región, contando con cursos de especialización en materia indígena para los defensores y la presencia de una profesional facilitadora intercultural ya desde 2003, estos esfuerzos han demostrado no ser aún suficientes.

Las complejidades de un defensa intercultural, tal como señalábamos en pasadas columnas, exigen -para enfrentarlas- conformar un equipo técnico y multidisciplinario, de apoyo y experiencia en la defensa de causas indígenas: antropólogos, psicólogos, sociólogos, asistentes sociales y defensores, tanto de nuestra institución como de aquellas especializadas que puedan prestar su apoyo en el tema, como ha hecho anteriormente la Conadi en causas interculturales emblemáticas.

Exige también una especialización constante de los defensores en materias indígenas y, especialmente, una dedicación exclusiva a este tipo de causas. Requiere también una atención intercultural a imputados y familias indígenas, y una difusión pertinente, intercultural e interinstitucional con Conadi como aliado estratégico, dirigida a comunidades y organizaciones indígenas.

La  creación en nuestra región de la Defensoría Penal Aymara e Indígena, que comenzó a funcionar a partir del 1° de mayo de este año, nos permitirá posicionar de mejor manera ante la justicia los derechos de los pueblos indígenas y tribales, y prestar en definitiva una defensa de calidad y comprometida con la población indígena de nuestra región multicultural.

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