Sala de Prensa

17/10/2017

Columna de opinión:

Aniversario de la reforma

El siguiente articulo fue publicado por diario El Centro de Talca el martes 17 de octubre de 2017. Su autor es el Defensor Regional del Maule, José Luis Craig.

José Luis Craig, Defensor Regional del Maule.

José Luis Craig, Defensor Regional del Maule.

Por José Luis Craig M.,
Defensor Regional del Maule.

Este mes de octubre se celebran 16 años desde la puesta en funcionamiento de la reforma procesal penal en el Maule, que implicó una gran transformación en el sistema de justicia criminal en el país. Desde entonces, diversas han sido las críticas -merecidas e inmerecidas- y comentarios positivos que le han hecho a esta política pública, que dio un giro sustancial a la forma en que se administraba justicia en Chile, a través de un sistema inquisitivo de raigambre colonial.

En la práctica, pese a su corta edad, ha soportado innumerables modificaciones que -desde mi perspectiva y sin temor a equivocarme- han cambiado su sentido original de manera significativa: contra reforma, agenda corta uno y dos, y otras han hecho mella en sus instituciones de corte moderno, entregando facultades a los órganos persecutores que creíamos olvidadas en el baúl de los recuerdos, pero como por sus frutos los conoceréis, es hora de analizar, una vez más si ha cumplido o no sus objetivos.

En efecto, contribuir al debido proceso y generar un procedimiento efectivamente contradictorio y con igualdad de armas era el primer objetivo. Podemos decir al respecto que, merced a las críticas que ha recibido el excesivo garantismo que algunos señalan como característica de este nuevo proceso penal, el objetivo se cumple a plenitud.

Profesionalizar la administración de justicia penal era el segundo propósito. Basten algunos comentarios: la forma de administrar los tribunales que trajo esta reforma, con administradores profesionales, acabó con los secretarios abogados haciendo de gerentes y los actuarios siendo el filtro de lo que conocían los jueces.

Ha sido replicada en los juzgados de familia y laborales. Se acabó con los estudiantes en práctica o abogados de turno gratuito y de mala gana que defendían, casi formalmente, al 80 por ciento de los procesados en Chile. Conclusión, un paso adelante, o quizá varios.

Eficiencia era el tercer y último objetivo, según el mensaje presidencial del Código Procesal Penal, y también se ha logrado. No era eficiente tener sobre el 60 por ciento de privados de libertad en las cárceles, versus sólo el 20 por ciento de condenados efectivamente.

Hoy esa relación se ha invertido: sólo un 20 por ciento de los más de 50 mil presos está esperando su sentencia en Chile. Nueve meses es el tiempo promedio que duran las causas penales abiertas en Chile actualmente, versus cuatro años que en promedio se mantenían abiertas las investigaciones en el viejo sistema inquisitivo.

Obviamente que como toda obra humana es perfectible, pero los números duros, concretos e irrefutables hacen tener una mirada positiva de esta política que, además, ha sido adoptada como modelo en varios países de América Latina y es usualmente citada por los hacedores de políticas públicas como ejemplo de cómo se deben hacer estos cambios a nivel nacional.

Inocentes privados de libertad, excesiva exposición de los imputados en las redes sociales, alto porcentaje de archivos provisionales en casos de delitos contra la propiedad, ineficiencia y falta de profesionalismo en los órganos intervinientes, inexistencia aún de una actualización completa de nuestro Código Penal constituyen algunas de las falencias que aún perduran.

Pero con voluntad y una manera distinta de hacer las cosas, en gran medida impulsada por esta reforma, estoy cierto que las seguiremos mejorando paso a paso, todos juntos y comprometidos por el bien del país y de todos los chilenos.

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