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Otro déficit de la justicia penal

10/07/2018

Columna de opinión:

Otro déficit de la justicia penal

El siguiente articulo fue escrito por el Defensor Regional del Maule, José Luis Craig, y publicado el martes 10 de julio en el diario El Centro de Talca.

José Luis Craig, Defensor Regional del Maule.

Por José Luis Craig M.,
Defensor Regional del Maule.

Lamentablemente, un sistema tan exitoso como el instaurado en Chile a partir del año 2000, y que significó una completa reforma al sistema procesal penal, tiene sus talones de Aquiles, cada vez más marcados.

A la penosa situación de los niños, niñas y adolescentes infractores de ley, al pobre desempeño de las policías en este nuevo sistema, al tardío avance de la ciencia médico legal, que sirve de apoyo a las decisiones judiciales y un penoso etcétera, debemos agregar la casi inexistente respuesta del sistema asistencial al problema que se produce cuando una persona que sufre enfermedades mentales graves comete delitos.

Un reciente estudio, efectuado por el Departamento de Estudios de la Defensoría Nacional, detectó una cifra que debiera darnos vergüenza como país, ya que en tan sólo seis regiones, de las 16 existentes en Chile hasta hoy, existen camas disponibles para imputados enajenados mentales.

Desafortunadamente, el número se hace más ignominioso si apuntamos que en tan sólo dos regiones existen cupos para personas condenadas a las que se le ha aplicado una medida de seguridad, consistente en la internación en un centros asistencial especializado para personas que sufren un trastorno mental grave, ya que no asciende a más de 75 cupos para todo el país.

Obviamente, el Maule no aparece en ninguna lista de las anteriores. Es decir, en nuestra región no tenemos camas para imputados ni para condenados que tengan alguna discapacidad o enajenación mental.

Lo anterior es una verdadera tragedia para las familia de estas personas que, no siendo suficiente con el dolor de cargar con una enfermedad muchas veces grave, ven cómo su familiar tiene además problemas con la justicia penal, y por ello es arrancado de su entorno local y llevado muchas veces a la Quinta Región o la Región Metropolitana.

Esto actualmente acontece con cinco personas que están internadas en esas regiones, con el problema de desarraigo que ello conlleva para una familia entera.

El nivel de desamparo y desarraigo social y familiar que se produce en estos casos hace plausible que, dentro de las numerosas y siempre bienvenidas reformas al sistema, se tome el camino de proteger los derechos de estas personas con la mínima infraestructura necesaria, ojalá en todas las regiones del país.

Ojalá esta iniciativa forme parte de alguna de las numerosas y a veces innecesarias agendas cortas que ya han visto la luz en nuestro sistema. Así sea.

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