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Defensa penal con enfoque de género

28/08/2018

Columna de opinión:

Defensa penal con enfoque de género

El siguiente artículo, redactado por el Defensor Regional de Atacama, Raúl Palma Olivares, fue publicado en el Diario Chañarcillo.

El Defensor Regional de Atacama, Raúl Palma Olivares.

Por Raúl Palma Olivares,
Defensor Regional de Atacama.

Desde hace varios años la Defensoria Penal Pública se ha planteado y viene trabajando modelos de gestión de defensa que incorporen el concepto de género en el enfoque de ciertas defensas penales que lo requieren preponderantemente, además de incorporar las categorías de género y sus dimensiones diferenciadoras en el análisis del quehacer de los operadores jurídicos, en este caso defensores y defensoras, en el contexto del sistema de justicia penal.

El objetivo, es poder brindar una prestación del servicio de defensa penal adecuada al caso específico y que logre hacer dialogar dos órdenes sociales y culturales, en beneficio de nuestros defendidos/as: el jurídico y el de género.

Como institución orientada a velar por la dignidad y los derechos humanos de todos nuestros representados y propender al acceso a la justicia de los grupos sociales especialmente vulnerables, resulta imperativo resguardar los derechos esenciales de las mujeres (en plural, con toda su diversidad y disidencia), consagrados tanto nacional como internacionalmente, así como promover la erradicación de la violencia y discriminación contra la mujer, lo que merece una especial atención y requiere de un compromiso ético y profesional particularizado.

Por eso, hemos trabajado en materializar una defensa con enfoque de género, donde el defensor o defensora deba considerar las variables de contexto socio-cultural en que la imputada se encuentra, así como su situación personal y familiar, y las tensiones que se pueden presentar en la relación intersubjetiva compleja existente entre el sistema de justicia penal y la mujer imputada.

En una sociedad donde la mujer se encuentra en una posición desigual, estructural e histórica, en relación con los hombres, resulta necesario reforzar en nuestra actuación la concreción del principio de igualdad, propendiendo a la superación de las categorías jurídicas tradicionales mediante la incorporación del derecho internacional de los derechos humanos y el estudio de los fenómenos sociales y las estructuras de poder, de forma tal que erradiquemos los obstáculos de todo tipo que existen en el acceso real de la mujer a la justicia, si queremos cumplir -por ejemplo- con el mandato emanado del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer en su última recomendación al estado de Chile, en marzo de 2018.

El uso de estereotipos discriminatorios, el desconocimiento de los derechos de la mujer, la ausencia de consideraciones de género, el casuismo penal exacerbado que desconoce patrones culturales comunes, el proteccionismo sobre la mujer, la primacía de la matriz y el orden de género tradicional, una formación profesional de los operadores en la materia que es insuficiente y heterogénea, son algunas de las múltiples complejidades y tensiones que se dan en el contacto entre la mujer imputada y el sistema de justicia penal.

Por ello, estamos convencidos de que la labor del defensor/a es crucial para asesorar correctamente y apoyar a la mujer imputada en un espacio coercitivo complejo y lograr, en definitiva, instalar las categorías de género en el contexto jurídico penal de una sociedad plural y diversa, sometida aún a categorías normativas que obedecen a un paradigma estructural tradicional.

Por todo lo anterior, estamos dedicados hoy al robustecimiento de las redes con organismos de protección y promoción de los derechos de la mujer, en la capacitación de nuestros defensores y defensoras, en la materialización de estándares de defensa con enfoque de género, convencidos de que los defensores y defensoras tenemos un rol fundamental en la defensa del principio de igualdad, la no discriminación, el acceso a la justicia y en la transformación del sistema de justicia penal, desde el enfoque de los derechos humanos, a un sistema más justo y más cercano a las realidades sociales actuales.

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