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Diecisiete años de defensa penal pública en Atacama

22/10/2018

Columna de opinión:

Diecisiete años de defensa penal pública en Atacama

El siguiente artículo, redactado por el Defensor Regional de Atacama, Raúl Palma Olivares, fue publicado en el Diario Chañarcillo.

El Defensor Regional de Atacama, Raúl Palma Olivares.

Por Raúl Palma O.,
Defensor Regional de Atacama.

Este mes de octubre se cumplen 17 años de funcionamiento del sistema de justicia penal reformado en nuestra región. El 16 de octubre de 2001 entró en vigencia la reforma procesal penal en Atacama, como parte de la segunda fase de la instalación gradual del nuevo sistema procesal penal en nuestro país, que vino a reemplazar al vetusto sistema inquisitivo que rigió por casi un siglo con un sistema de juzgamiento ineficiente, que no cumplía con los mínimos estándares constitucionales ni con el derecho internacional de los derechos humanos vigente y que era esencialmente inequitativo en cuanto al acceso de las personas a una justicia de calidad.

Hoy, ad portas de la segunda década del siglo XXI, sin duda el actual sistema de justicia penal, a pesar de todas las críticas y las deficiencias que uno puede observar en algunas áreas, resulta ser por lejos más coherente con un estado de derecho moderno y democrático y con las necesidades emergentes de una sociedad como la nuestra.

Ello, porque encarnó una inédita política pública democratizadora, que tuvo por objetivo principal corregir las deficiencias del proceso penal existente en nuestro país y de la orgánica de un sistema anacrónico, pero sobre todo permitió el acceso a la justicia en igualdad de condiciones para los sectores sociales más postergados, dotando al país de nuevas instituciones más eficientes, que vinieron a garantizar los derechos fundamentales de todas las personas que intervienen en el contexto de un proceso penal.

Con la finalidad de garantizar la igualdad de condiciones entre el acusador y el imputado en un esquema normativo complejo, surge la Defensoría Penal Pública como la concreción del deber del estado chileno de proporcionar un abogado habilitado a todas las personas que carecen de abogado privado, misión que hemos mantenido incólume a lo largo de los años, sin ningún tipo de distinción.

La Defensoría Penal Pública de Atacama, en estos 17 años, ha ejercido la labor de prestar un servicio de defensa penal pública de calidad, a través de un sistema mixto público-privado que nos ha permitido dar cobertura en toda Atacama y mediante el cual hemos podido atender una ingente cantidad de casos, con un estándar de calidad técnica constantemente medido a través de auditorías, ejerciendo el derecho a defensa de quienes lo soliciten.

En estos años hemos brindado servicio a 106 mil 229 personas imputadas -lo que no es menor en relación con la población regional-, a 9 mil 840 jóvenes imputados en el sistema de responsabilidad penal adolescente y hemos participado en 3 mil 367 juicios orales.

Por otro lado, hemos logrado disminuir porcentualmente la aplicación de la prisión preventiva, pasando de 12,68 por ciento en los primeros años de la reforma (2003), a 5,71 por ciento en 2017, convencidos de que el uso de la privación de libertad de manera preventiva debe ser siempre excepcional. Además, hoy contamos con defensores generales y especializados en responsabilidad penal adolecente, defensa penitenciaria, pueblos originarios, migrantes y mujeres privadas de libertad, entre otros.

Hoy la Defensoría se encuentra en una fase de consolidación, incorporando nuevas tecnologías en el desarrollo de la gestión institucional, promoviendo una defensoría abierta y con autonomía en el futuro, velando por la dignidad y los derechos humanos de nuestros representados y garantizando el acceso a la justicia a aquellos en situación de especial vulnerabilidad.

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