Sala de Prensa

26/08/2019

Columna de opinión:

Sin defensa no hay justicia

El siguiente artículo, escrito por el defensor penal público Jaime López, es el primero de una serie de publicaciones que la Defensoría Penal Mapuche de La Araucanía realizará en el diario “El Informador” de Nueva Imperial.

El defensor penal público Jaime López al término de una audiencia.

El defensor penal público Jaime López al término de una audiencia.

Por Jaime López Allendes,
defensor penal mapuche,
Defensoría Regional de La Araucanía.

La delincuencia, y sobre todo la delincuencia dura, es uno de los males sociales que más preocupa a la ciudadanía, tema de debate que vuelve con cada crimen de connotación pública. Frente a este problema se plantea como solución la sucesiva elevación de las penas de los ilícitos asociados a los crímenes mediáticos y disminuir los derechos de las personas sometidas a investigación. O, cuando ya ha habido condena, restringir la posibilidad de que un condenado pueda cumplir su pena en libertad.

Las garantías de los imputados se consideran absurdas ventajas para criminales que, al final, no son castigados de manera ejemplar e incluso siguen delinquiendo, en un sistema penal débil e incapaz de reaccionar defendiendo a los ciudadanos.

Sin embargo, cambia el punto de vista si quien está siendo imputado de un delito es un familiar, un amigo, un padre de familia o un vecino apreciado por su comunidad. Cuando ello ocurre, la reacción natural es exigir el máximo respeto de las garantías procesales, partiendo por la presunción de inocencia (nadie es culpable mientras no se haya dictado una sentencia), que cuente con un abogado, que se le permita gozar de libertad mientras dure el proceso y, que si es condenado, lo sea a una pena y con una modalidad de cumplimiento acorde a los antecedentes personales y proporcional a la gravedad de la falta.

Cada año, aproximadamente 3 mil personas inocentes deben sufrir prisión preventiva por causa de reconocimientos errados, procedimientos defectuosos, falta de rigor científico y, en casos extremos, implantación de evidencias, como en la “Operación Huracán”.

Parte integrante de un debido proceso legal es el derecho de cada imputado de contar con un defensor, sea público o privado. En Chile, la Defensoría Penal Pública es la encargada por ley de proporcionar un abogado penalista (cuando no interviene un defensor particular), quien debe velar por el respeto de las garantías de las personas sometidas a investigación, por la corrección de los procedimientos, de las pruebas, alegar la no culpabilidad cuando corresponda, obtener una pena justa cuando se acredite la responsabilidad o procurar las salidas alternativas en los casos en que procediere.

Los derechos de los imputados frente a una investigación penal no son garantías para los delincuentes, sino una exigencia del debido proceso en el enjuiciamiento criminal que pertenece a todos los ciudadanos.

Los crímenes o delitos graves representan un porcentaje bastante menor de las investigaciones que lleva la Fiscalía, siendo en su gran mayoría lesiones leves o menos graves, amenazas, incendio (roce o quema no autorizada) y conducción en estado de ebriedad, y quienes los cometen son usualmente personas sin prontuario penal.

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