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La defensa penal ante el terremoto social

15/11/2019

Columna de opinión:

La defensa penal ante el terremoto social

El siguiente artículo, escrito por el Defensor Regional de Aysén, fue publicado el 24 de octubre pasado en el diario El Divisadero.

Jorge Moraga, Defensor Regional de Aysén.

Jorge Moraga Torres,
Defensor Regional de Aysén.

El irrestricto deber de respetar los derechos y garantías fundamentales de las personas alcanza su mayor realce, significado y eficacia en los momentos de crisis o de enfrentamiento socio-político.

En una sociedad carente de toda fricción, en la que todos estén satisfechos, no existan demandas pendientes, ni posturas en colisión, el respeto a los fundamentales derechos ciudadanos es algo de fácil y natural alcance. Por el contrario, es justamente en los momentos de explícito reclamo social, cuando el orden que ha existido en una sociedad se cuestiona o se remece desde sus cimientos, la oportunidad en que se ponen a prueba las convicciones y deberes más básicos de cada Estado.

Sólo ahí logramos saber cuan real y sólido es todo aquel discurso de respeto a los derechos fundamentales de las personas que, con tanta tranquilidad y pacífica certeza, todos nosotros hemos reclamado y exigido muchas veces desde la comodidad de nuestras posiciones y el status quo.

Es por lo anterior que, como Defensoría Penal Pública, el verdadero terremoto social que hemos estado viviendo en los últimos días viene a constituir uno de los mayores desafíos de funcionamiento, de carácter tanto operativo como logístico, que hemos enfrentado en nuestros casi 19 años de existencia.

Desde el pasado fin de semana, cada uno de quienes se desempeñan en este servicio público han debido más que redoblar sus esfuerzos para garantizar, en este duro momento nacional, que todo quien sea llevado a un tribunal detenido por la eventual comisión de un delito o una falta, enfrente la persecución penal bajo el pleno respeto de todas las garantías legales que le reconoce un Estado de Derecho.

En momentos como éstos, nuestro debido comportamiento institucional se levanta como una condición indispensable para asegurar, aun en plena crisis, que todo enjuiciado tendrá derecho a un trato justo y a enfrentar un debido proceso, en el que le sea respetado en plenitud el derecho a la defensa y la presunción de inocencia.

Desde el estallido del actual conflicto social, la Defensoría Penal Pública ha visto multiplicado, a nivel nacional y regional, por 4 ó 5 veces el número de personas que hemos atendido, brindando defensa penal en la respectiva audiencia de control de detención.

Como señaló en estos días nuestro Defensor Nacional, Andrés Mahnke, “representamos un elemento central de la legalidad de la justicia y el Estado de Derecho. En circunstancias como éstas somos más Estado que nunca”.

Todas las personas que nos corresponda atender tienen garantías, cuyo irrestricto respeto constituye nuestra esencial función y la principal razón de existencia de la Defensoría Penal Pública.

En todo nuestro país y, por cierto, en la Región de Aysén, en momentos tan difíciles y convulsionados todo quien sea detenido en el contexto de este fenómeno social puede tener la certeza de que en el proceso judicial que le corresponda enfrentar tendrá un defensor penal público que lo asista y auxilie.

Siempre hemos planteado que no sólo el delincuente enfrenta detenciones y procesos penales. Cualquiera de nosotros puede estar sentado, un cierto día, en el banquillo de los acusados. La realidad social que nos toca vivir hoy nos reafirma en aquella convicción.

Sabemos que nos corresponderá luchar porque se respeten los derechos de personas acusadas de las más diversas cuestiones. Cumpliremos nuestra labor en favor de todos quienes requieran nuestra intervención, sin distinciones.

Como no somos nosotros los llamados a distinguir entre quien es acusado de haber participado en un saqueo o a quien se le criminaliza injustamente por una legítima acción de reclamo, o a quien excede el celo o firmeza con que cumple la labor de vigilancia y restablecimiento del orden que se le ha encomendado, sepan que a todos les hemos de brindar nuestro servicio con la mayor calidad y esmero posible.

Tenemos clarísimo que en la real eficacia y reconocimiento de los derechos de cada una de esas personas que nos corresponda defender en estos días estará en juego, como pocas veces antes ha ocurrido, la efectiva vigencia y respeto de los más importante derechos de que gozamos cada uno de nosotros, como miembros de una misma sociedad.

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