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Caso Gigante de Tarapacá: imputación a ciudadanos rusos no considera daños directos al monumento

17/01/2020

Matrimonio de turistas sólo transitó por la base del geoglifo, aclara su defensora penal pública.

Caso Gigante de Tarapacá: imputación a ciudadanos rusos no considera daños directos al monumento

Se repite la observación de visitantes: señalética no es suficientemente clara.

Héctor Mérida C.,

Defensoría Regional de Tarapacá

“Los turistas rusos imputados por ingresar al sitio del Gigante de Tarapacá no causaron ningún daño al monumento, sólo ingresaron al área restringida porque no entendieron la señalización escrita en castellano e inglés, idiomas que ellos no manejan”. Así lo precisó la defensora penal pública Constanza Barrueto, quien atiende al matrimonio europeo, a los que el Tribunal de Garantía de Pozo Almonte ordenó cumplir con arraigo nacional por 60 días, mientras se investiga el caso.

La abogada agregó que la Defensoría Penal Pública está realizando todas las gestiones pertinentes para que se pondere adecuadamente la situación, tomando en cuenta las barreras idiomáticas que encuentran muchos visitantes al llegar al sitio arqueológico, a pesar de los letreros que no han sido comprendidos por visitantes de países muy diversos, también imputados por incursionar en el cerro que alberga el petroglifo. Además ya hay contactos con los representantes consulares de Rusia y con una intérprete de ese idioma, con objeto de tener más herramientas para entregarles mejores condiciones de defensa jurídica.

Los imputados permanecen en Santiago a la espera del avance del proceso, con la dificultad adicional que tienen hijos pequeños y la mujer está embarazada.

Este caso judicial comenzó el pasado martes en la mañana, luego que funcionarios de la Municipalidad de Huara denunciaran a los turistas por haber - presuntamente - ingresado a la zona vedada en torno al cerro en donde permanece este vestigio arqueológico denominado “Gigante de Tarapacá”. Al día siguiente la pareja fue formalizada en el Tribunal de Garantía de Pozo Almonte, en donde recibió asistencia de la Defensoría Penal Pública.

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