Sala de Prensa

06/08/2008

Carta: La Defensoría y las críticas

Leonardo Moreno Holman, Defensor Regional Metropolitano Norte. Publicada en El Mercurio, miércoles 6 de agosto

Señor Director: A siete años de su creación, aún se nota el desconocimiento que existe de la Defensoría Penal Pública. El Colegio de Abogados planteó que "la propia experiencia de la Defensoría Penal Pública" demuestra que sus defensores quedan en una suerte de conflicto ético por supuestos criterios contrarios a los intereses del imputado que la autoridad jerárquica impondría a los defensores. El gremio no mencionó con qué antecedentes se permite hacer tan categórica aseveración, porque los que estamos insertos en "la experiencia de la Defensoría" vemos lo contrario. Cada defensor es el único responsable de su estrategia de defensa. El Colegio olvida que la ley prohíbe expresamente a la defensora nacional y a los defensores regionales fijar lineamientos de defensa. Y "la experiencia" confirma la independencia con que los defensores realizan su labor.

Un defensor local jamás se ha visto en la disyuntiva de velar por el interés de la Defensoría o el de su defendido, porque el interés es uno solo: que el imputado tenga el mejor servicio de defensa. Pero el mensaje del Colegio caló hondo, ya que días después "El Mercurio" reiteró el concepto en un editorial. Recordemos que en el antiguo sistema penal no había debido proceso, ya que la persona que no podía financiar un abogado no tenía una real defensa ante un juez que investigaba, acusaba y sentenciaba. La Defensoría terminó con ese vacío que provocó muchas injusticias en el pasado, y hoy todos los mayores de 14 años cuentan con un defensor. Basta que los directivos del Colegio asistan a una audiencia en que nuestros defensores se enfrenten a querellantes del Ministerio del Interior, de la Intendencia o del Consejo de Defensa del Estado, por no mencionar del Ministerio Público, nuestro permanente adversario. Verán que sus aprensiones son injustificadas y, por el contrario, constatarán la vehemencia con que defienden a sus imputados.

Opinar desde el terreno da muchas más certezas que la mera especulación intelectual. "La experiencia" confirma que a tres años de funcionamiento de la reforma en Santiago, muy pocos abogados han asistido a una audiencia. Hay varias causas inicialmente defendidas por abogados particulares que la Defensoría debió asumir al ser abandonadas por falta de idoneidad. Hay muchos abogados penalistas que no se han capacitado y desconocen la Reforma Procesal Penal, y más aún la Defensoría. Pero abundan la crítica y la falta de prudencia hacia una institución que sólo vela por la calidad de la defensa y el buen trato al imputado.

Todos los reclamos se reciben y resuelven oportunamente, pudiendo llegar a la sustitución del defensor. Algo que no ocurre en muchas oficinas privadas. Al final, lo que se infiere de la declaración del Colegio es que no le gusta que el sistema lo administre el Estado. Sabido es que con la reforma muchos abogados percibieron que, con la Defensoría, las posibilidades de captación de clientes se reducirían ante la irrupción de jóvenes defensores penales públicos. Para los escépticos de la labor del Estado, propongo el siguiente ejercicio: pregunten a jueces y fiscales quiénes son los que en audiencia hacen las mejores defensas. Los defensores penales públicos conocemos la respuesta.

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