Sala de Prensa

09/04/2020

Columna de opinión:

Defensa penal en tiempo de pandemia

El siguiente artículo, redactado por el Defensor Regional de Atacama, Raúl Palma Olivares fue publicad hoy en el diario Chañarcillo.

Por Raúl Palma Olivares,
Defensor Regional de Atacama.

El lunes 16 de marzo nuestro país entró en la fase 4 de la pandemia por el virus Covid-19, lo que implicó un cambio drástico en la forma de vida de todo el país, en consonancia con el resto del mundo. Junto con las medidas de higiene personal, todos los expertos y la OMS aconsejaron, como la medida más efectiva en la prevención del virus, la distancia social y, en particular, el aislamiento de las personas en sus hogares. 

Ese mismo día, el Defensor Nacional estableció como imperativo que, junto con mantener intacta la calidad de la prestación del servicio de defensa penal en beneficio de nuestros usuarios, se protegiera a nuestros funcionarios y sus familias, por lo cual la mayoría del equipo regional comenzó a trabajar a distancia, mediante todos los medios tecnológicos y plataformas digitales con las que contamos, llegando al día de hoy a trabajar prácticamente en un cien por ciento a distancia.

Por cierto, no ha sido fácil este tránsito vertiginoso entre la forma tradicional de trabajar, a hacerlo en condiciones remotas, sobre todo para un servicio esencial como el nuestro y dentro de un sistema de justicia penal cuyas características principales son la oralidad, la inmediación, la publicidad y contradicción.

Sin embargo, en esto la fluida relación interinstitucional entre los actores del sistema regional -Defensoría, Poder Judicial y Fiscalía, más Gendarmería y las policías- ha sido crucial, por cuanto en un afán colaborativo hemos podido echar a andar, en un brevísimo tiempo, un complejo sistema de justicia no presencial que cumpla, por un lado, su mandato inexcusable de conocer con prontitud y con respeto de las garantías fundamentales los conflictos penales que se suscitan diariamente y, por otro lado, el de proteger la salud de los funcionarios intervinientes y de los propios imputados.

De esta manera, hoy prácticamente todas las audiencias se llevan a cabo de forma remota, incluidos los controles de detención, resguardando siempre la dignidad del imputado, la privacidad de la entrevista entre defensor y detenido, la calidad del servicio de defensa penal, el resguardo de todos los derechos que le asisten a los imputados y la entrega oportuna de información, entre otros.

Asimismo, como defensores públicos hemos seguido efectuando las visitas de cárcel, pero por videoconferencia, entregando la información que las personas privadas de libertad requieren, disminuyendo la entendible ansiedad de nuestros representados y evitando provocar focos de contagio en uno de los lugares más vulnerables a la propagación de virus como el Covid-19, que son justamente los recintos penitenciarios.

En razón de esto último, hoy estamos enfocados en la revisión de la prisión preventiva de todas las personas que pertenecen a grupos de riesgo: mayores de 60 años, mujeres con hijos de hasta dos años dentro de las cárceles, enfermos crónicos, personas inmunodeprimidas.

En esto no hay dos lecturas. Se trata de una cuestión humanitaria, sin lugar a dudas, que ha sido relevada por todos los organismos internacionales de derechos humanos: mantener a personas de riesgo hacinadas en cárceles que no cumplen los mínimos estándares de habitabilidad humana, como la cárcel de Copiapó, es un peligro inminente de contagio del Coronavirus y una negligencia inexcusable en materia de derechos humanos, ya que se trata de personas bajo custodia del Estado de Chile.

Hoy, las defensoras y defensores públicos de Atacama queremos dar tranquilidad a la población, en el sentido de que todos los servicios de la Defensoria Penal Pública están disponibles, incluida por cierto la atención a todos quienes lo requieran vía telefónica.

Hoy es tiempo de cuidarnos todos para cuidar a los demás. Es la única forma de vencer al virus y retomar más adelante nuestra vida cotidiana, pero eso no significa que la defensa penal se detenga o se precarice. Por el contrario, nos mueve más que nunca la certeza de que sin defensa no hay justicia, sobre todo en tiempos difíciles, con una pandemia inédita en la historia reciente.  

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