Sala de Prensa

21/04/2020

Equipo institucional realizó operativo de defensa y salud en ese penal

Defensoría solicitará revocar la prisión preventiva de internas vulnerables de la cárcel de San Miguel

Mayores de 70 años y enfermas crónicas dialogaron con los jefes de Estudio de las Defensorías Regionales Metropolitanas Norte (DRMN) y Sur (DRMS) sobre sus posibilidades de que les decreten arresto domiciliario total.

Por José Ignacio Aguirre O.,
Defensoría Regional Metropolitana Norte

Los jefes de Estudio de las Defensorías Regionales Metropolitanas Norte (DRMN) y Sur (DRMS), Octavio Sufán y Mario Palma, respectivamente, se reunieron con las 25 imputadas consideradas de más alto riesgo de contagio por el Covid-19 entre las 495 internas que habitan el Centro Penitenciario Femenino (CPF) de San Miguel.

Los defensores públicos tomaron nota de los antecedentes entregadas por las mujeres sometidas a prisión preventiva, para presentar ante los tribunales solicitudes de conmutación de esa medida cautelar -la más intensiva de todas, que hoy se ha tornado altamente riesgosa- por arresto domiciliario total.

A pesar de la cuarentana existente en los recintos penales, este trabajo en terreno fue posible gracias a las iniciativas que la DRMN y la DRMS impulsaron con la fundamental participación de las Seremis de Salud y de Justicia y Derechos Humanos, de modo que estas intervenciones se definen como operativos de defensa y salud. En este caso, la visita al CPF estuvo encabezada por la Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Carolina Lavín.

ANSIEDAD DE LAS INTERNAS
Varias de las internas no ocultaron su ansiedad respecto de que su situación de privación de libertad durante la investigación de sus causas pueda cambiar.

Ellas están al tanto de las informaciones que llegan de todo el mundo, en que en países como Estados Unidos, Italia, España y Gran Bretaña los muertos ya se cuentan por miles. También saben que las víctimas son en general personas como ellas: gente de la tercera edad o con enfermedades preexistentes.

Algunas de las imputadas tienen más de 70 años, padecen enfermedades graves como hipertensión y diabetes o han sufrido episodios de salud muy complejos, como infartos cardíacos o trasplantes renales.

Les pesa también que en el CPF de San Miguel se haya registrado un caso confirmado de una interna con Coronavirus, aunque gracias a su detección temprana la imputada pudo ser aislada y tratada, de modo que no contagió a sus compañeras de reclusión ni al personal de Gendarmería, y hoy ya está plenamente recuperada.

Tras recopilar los antecedentes de todas las imputadas, los defensores públicos les explicaron que analizarían los antecedentes para definir la presentación de solicitudes de revisión de prisión preventiva, considerando que los antecedentes de salud de personas vulnerables son relevantes para los tribunales.

No obstante, Octavio Sufán les hizo presente que puede haber casos en que, por la gravedad del delito que se les investiga, por una parte, y porque sus condiciones de salud no revisten tanto riesgo, por otra, sus posibilidades de que el tribunal revoque la prisión preventiva son bajas.

Los operativos de defensa y salud se seguirán desarrollando en los demás recintos penales de Santiago.

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