Sala de Prensa

02/06/2020

Columna publicada en el diario El Centro

Las advertencias de la Defensoría

El Defensor Regional del Maule, José Luis Craig, analiza en el siguiente artículo los desafíos que dejan los 20 años de la reforma procesal penal.

Por José Luis Craig M.,
Defensor Regional del Maule.

Estamos a punto de vivir los 20 años de la instauración en Chile de la reforma procesal penal, tiempo más que suficiente para comenzar a hacer balances y retrospectivas en torno a la forma en que ha funcionado este sistema acusatorio y cada una de las instituciones asociadas a él.

No obstante lo anterior, la Defensoría Penal Pública desde los inicios de la reforma ha intentado mejorar, no sólo internamente, sino también sistémicamente y, en este segundo plano, hemos manifestado aprehensiones y críticas constructivas, advertencias al fin y al cabo, que han sido confirmadas de la peor manera durante las dos mega contingencias que aún estamos enfrentando en nuestro país.

Carabineros de Chile es un organismo clave para el buen funcionamiento de este sistema, pero lamentablemente por distintas razones -algunas asociadas a la historia política del país, al uso interno de recursos, a la escasez de los mismos y probablemente a su propia cultura organizacional-, durante todos estos años ha sido criticado por su falta de adecuación a los nuevos tiempos, al nivel de profesionalismo y formación de su gente, el grado de transparencia de su actuar y los problemas atávicos en torno a la sinceridad de su respeto por los derechos de las personas.

El denominado estallido social, ocurrido en el país desde el 18 de octubre último, elevó a la quinta potencia esta crítica, ya que bastó que la protesta social se hiciera masivamente presente en las calles de Chile para que el actuar de Carabineros cayera en un profundo descrédito no sólo nacional, sino internacional, por la rudeza y antigüedad de sus protocolos, la improvisación y falta de profesionalismo de parte de su personal y, en general, por el poco respeto de los derechos humanos en su actuar.

Ante esto la Defensoría debió salir a proteger los derechos de la gente, ocupando terrenos que antes no había sido necesario explorar. Así, nos apersonamos en los cuarteles, buscando transparentar el número de detenidos reales, dando tranquilidad a la gente detenida y sus familiares y, en definitiva, cautelando la vigencia de los derechos humanos en tales circunstancias excepcionales del Chile contemporáneo, inclusive haciendo las denuncias que correspondieran.

Gendarmería de Chile y las cárceles de nuestro país han sido históricamente el 'pariente pobre' del sistema. Ninguno de los gobernantes ha asumido la difícil misión de entregar dignidad y recursos a los recintos de privación de libertad que, siempre lo hemos dicho, privan a las personas de mucho más que su libertad ambulatoria.

A mediados de marzo de este año el azote de la pandemia de Covid-19 nuevamente nos dio la razón. El derecho a la salud en las cárceles prácticamente no existe, pese a los ingentes esfuerzos que han efectuado los gendarmes, las autoridades y los propios internos.

Las cárceles son, han sido y serán una bomba de tiempo, y ésta reventó hasta ahora en Puente Alto, ante la mecha encendida del Coronavirus.  Nuevamente la Defensoría debió salir a poner de relieve el peligro en que se encuentran esos hombres y mujeres privados de libertad y, en el campo de la acción, intentando liberar de ese peligro latente a la mayor cantidad de personas posibles que, ante un contagio, no tendrían posibilidad alguna de evitarlo.

Nos ha ido bien, pero nos hubiera gustado no llegar a estos extremos que, reitero, fueron advertidos hace por lo menos 10 años por nuestra institución. Ojalá no sean necesarias nuevas situaciones límite para repensar la forma en que el sistema penal cumple su misión.

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