Sala de Prensa

24/06/2020

Columna de opinión:

Proyecto Inocentes

El siguiente artículo, publicado en el diario "El Divisadero" de Coyhaique, fue escrito por el jefe de Estudios de la Defensoría Regional de Coyhaique, Cristián Cajas.

Por Cristián Cajas Silva,
jefe de Estudios Defensoría Regional de Aysén.

El pasado 25 de mayo el Tercer Juzgado Civil de Santiago dictó sentencia de primera instancia, mediante la cual condenó al Fisco de Chile al pago de 63 millones de pesos, como indemnización de daño moral y perjuicios, a las familias de 2 personas que fueron imputadas y privadas de libertad por causa de un proceso penal errado.

Era septiembre de 2015. Los dos imputados tenían 17 años y, con autorización del Liceo Polivalente C-82, de la comuna de Tiltil, habían concurrido al kinesiólogo del Hospital San José, ubicado en Avenida La Paz, cerca del Cementerio General de Santiago.

Era mediodía y vestían sus uniformes escolares mientras esperaban el bus de regreso a sus casas. Desde ese momento, sus vidas continuaron en el marco de un proceso penal, por tanto, con su detención, Carabineros concluyó la persecución iniciada en una joyería de Santiago centro, a causa de un asalto a mano armada.

Después, en audiencia, el Ministerio Público los formalizó como autores de los delitos de robo con intimidación, porte de arma de fuego y receptación de vehículo motorizado. El tribunal decretó su internación provisoria y terminaron esa jornada privados de libertad en un centro del Sename.

Ya desde la audiencia de control de detención, el defensor penal público Francisco Concha denunció varias falencias del procedimiento de detención y dio cuenta de una serie de antecedentes que descartaban la participación criminal atribuida a los dos adolescentes.

Pese a ello, estuvieron nueve días internados en el centro del Sename, luego con arresto domiciliario y firma quincenal, hasta que el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago decretó el sobreseimiento definitivo. Sin embargo, el Ministerio Público interpuso un recurso de apelación que la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó, poniendo término definitivo al proceso penal seguido contra los adolescentes, que se extendió desde 26 de noviembre de 2015 hasta el pasado 25 de mayo.

En nuestro país, cada año, aproximadamente 50 mil personas son imputadas en el sistema de justicia penal sin ser declarados culpables del delito que les fue imputado, y en 2019 cerca de 2 mil 800 personas sufrieron privación de libertad en carácter de prisión preventiva antes de que fuera establecida judicialmente su inocencia.

A fin de destacar esta dura realidad, en 2013 la Defensoría Penal Pública creó el programa “Proyecto Inocentes”, que está orientado esencialmente a dar cuenta de estos casos en el ámbito comunicacional y al perfeccionamiento del sistema penal.

En materia comunicacional, se pretende promover la conciencia ciudadana de este serio problema y que las personas afectadas tengan un espacio que les permita reestablecer su honor, por cuanto generalmente hay gran difusión de los medios de comunicación al momento de su detención, pero no existe el mismo tratamiento de su historia al momento de su absolución o sobreseimiento.

En materia de perfeccionamiento del sistema penal, se busca distinguir las causas más frecuentes de error judicial, a fin de trabajar en ellas, mejorar los procedimientos y evitar la reiteración de las malas prácticas. Al efecto, se han establecido seis categorías tradicionales de error judicial: identificación errónea, declaraciones falsas, falsa confesión, error pericial o ciencia limitada, mala conducta de agentes del Estado y mala conducta del abogado defensor.

Usted puede conocer más casos y todos los alcances del programa en www.proyectoinocentes.cl

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