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26/06/2020

Se revisaron los mecanismos de monitoreo de centros de detención en la región

El Defensor Nacional participó en sesión virtual extraordinaria de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos de la OEA

Andrés Mahnke planteó la necesidad de reforzar el uso de medidas alternativas a la privación de libertad, pues más allá de cualquier monitoreo se debe entender que esta medida debe ser la última alternativa. sobre mecanismos de monitoreo de centros de detención en la región

Por Marcelo Padilla V.,
Defensoría Nacional.

El Defensor Nacional, Andrés Mahnke, participó ayer en la ‘Octava sesión extraordinaria de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos de la OEA’, durante la cual se realizó una ‘Sesión extraordinaria sobre los mecanismos de monitoreo de los centros de detención’, en cuyo contexto los representantes de todas las defensorías públicas de la región informaron la situación de sus respectivos países.

En el encuentro, desarrollado de modo virtual, intervinieron primero el representante permanente de Ecuador ante la OEA, Carlos Alberto Játiva; el director del Departamento de Derecho Internacional del mismo organismo, Dante Negro, y el defensor público general federal de Brasil, Gabriel Faria Oliveira, subcoordinador general de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF).

Junto con presentar un informe en torno a las actividades para promover la autonomía de las defensorías públicas de la región, ellos analizaron también la situación de emergencia que existe en las cárceles de la región por la pandemia de Covid-19 y, por lo mismo, la necesidad de un mayor control sobre los recintos penitenciarios.

ALTERNATIVAS A LA PRISIÓN
En su alocución, el Defensor Nacional se refirió a la necesidad de reforzar el uso de medidas alternativas a la privación de libertad, porque por más esfuerzos que se hagan para el monitoreo en centros de detención, lo realmente importante es entender la privación de libertad como la última alternativa.

En el contexto de este debate, se alentó a los defensores públicos de toda la región a realizar esfuerzos e instar por un uso restrictivo de la aplicación de la prisión preventiva y, en aquellos casos en que ya se haya decretado, promover la sustitución de esta medida por el arresto domiciliario o por otras medidas cautelares de menor intensidad, priorizando a los grupos de mayor riesgo sanitario, como son adultos mayores, mujeres embarazadas o con hijos lactantes y personas con enfermedades crónicas.

En relación con las personas privadas de libertad a consecuencia del cumplimiento de una condena, se alentó que los defensores públicos de la región estimulen iniciativas legales para modificar los mecanismos de cumplimiento de este tipo de condenas -al menos durante el período de emergencia sanitaria- en el caso de aquellas personas que se encuentran dentro de los grupos de riesgo de contraer la enfermedad y/o que se encuentran en condiciones de hacinamiento o de insalubridad al interior de los recintos penitenciarios.

Asimismo y cuando ello sea posible, los defensores públicos llevarán adelante acciones administrativas y judiciales que permitan lograr la revisión de las penas de los condenados para lograr su cumplimiento en el medio libre.

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