Sala de Prensa

09/07/2020

Luis Soto fue entrevistado por la radio de la Universidad Autral de Valdivia

Defensor Regional de Los Ríos: “Necesitamos más leyes de reinserción social y no de persecución penal”

El directivo explicó la labor de la defensa pública regional durante la emergencia sanitaria, los riesgos del aumento de penas y multas por infracción a la reglas sanitarias y la necesidad de retomar el espíritu original de la reforma procesal penal, a veinte años de su inicio.

Por Malú Rodríguez Sepúlveda,
periodista Defensoría Regional de Los Ríos.

En conversación con los periodistas Miguel Millar y Victor Godoi, conductores del programa "República de Los Ríos" de la radio de la Universidad Austral, el Defensor Regional de Los Ríos, Luis Soto, se refirió el pasado miércoles 8 a la labor de la defensa pública en la región durante la emergencia sanitaria, los riesgos del aumento de penas y multas por infracción a las reglas sanitarias asociadas al estado de emergencia y a la necesidad de retomar el espíritu original de la reforma procesal penal a veinte años de su inicio.

Respecto del primer tema, Soto destacó el énfasis institucional de salvaguardar los derechos de los grupos más vulnerables de la sociedad, entre los cuales están las personas privadas de libertad, tanto imputadas en prisión preventiva como condenadas a penas efectivas. 

En cuanto a la situación regional, el abogado comentó que se habría superado el foco de contagio  que surgió en marzo pasado tras los masivos traslados de internos desde cárceles de la zona central al penal de Valdivia. No obstante, mencionó que el costo de estas medidas sanitarias y administrativas ha sido la interrupción de las visitas presenciales de familiares e implicarían, además, las complejidades propias de mantener estándares de higiene y seguridad en cada módulo del complejo penitenciario de Valdivia.

AUMENTO DE PENAS Y MULTAS 
Los conductores del programa consultaron a Soto por el aumento de penas y otras sanciones por infringir las normas sanitarias, contexto en que el Defensor Regional explicó la preocupación institucional frente a la reciente modificación del artículo 318 del Código Penal -vigente desde el 20 de junio pasado-, que aumentó la sanción aplicable a quienes pongan en peligro la salud pública por infracción de las reglas higiénicas o de salubridad.

“Antes de esta modificación. la multa comenzaba con 6 UTM. Ahora parte en 20 UTM y puede llegar a un máximo de 200.  Esto es muy duro, porque estamos en un contexto de cesantía. Además, con estas multas leoninas se produce un contrasentido, pues en marzo hubo un importante esfuerzo legislativo para descomprimir las cárceles vía ley de indulto conmutativo y un operativo procesal nuestro para sustituir las prisiones preventivas por medidas cautelares domiciliarias", explicó.

Agregó que esta modificación amenaza de manera importante a personas que reincidan en vulnerar el toque de queda o la cuarentena, porque serán pasadas a control de detención, con todos los efectos penales que eso supone. Al respecto, precisó que un  instructivo del Ministerio Público establece la solicitud de medidas privativas de libertad, incluida la más grave: prisión preventiva.

“Esto genera una amenaza no a cualquier persona, sino a las que por obligación deben salir de sus casas para buscar alguna forma de ingreso para sus hogares, puesto que el Estado no ha cumplido su rol de garantizar las  prestaciones sociales mínimas. Esto puede derivar en una suerte de criminalización de la pobreza”, advirtió.  

Según Soto, esta situación se agravaría debido a que, junto con la posibilidad de arriesgar su libertad, muchas personas  eventualmente pudieran encontrarse después con multas establecidas sin actuación de la defensa y cuyo plazo  para reclamar puede haber expirado.

“La modificación legal señala que el juez decidirá sobre la multa exclusivamente con antecedentes de la Fiscalía, sin que la defensa pueda actuar argumentando los motivos de la infracción. Por ahora, estos llamados monitorios se encuentran  suspendidos, pero una vez levantada la emergencia nos podríamos encontrar con muchos plazos ya vencidos para presentar reclamos ante multas altas", señaló.  

Por lo mismo, Soto llamó a la ciudadanía a ejercer su derecho y, en caso de ser notificados del pago de una multa, tomar contacto de inmediato con la Defensoría, para presentar el respectivo reclamo dentro del plazo legal de 15 días tras la notificación de las multas. “Por eso es tan importarte conocer los derechos que tenemos como ciudadanos y ejercerlos en plenitud”, indicó.

VEINTE AÑOS DE LA REFORMA
Invitado a hacer una evaluación reflexiva de los veinte años de vigencia de la reforma procesal penal en el país, el Defensor Regional de Los Ríos manifestó que tanto el estallido social iniciado en octubre pasado como la actual emergencia sanitaria han puesto a prueba a los actores del sistema penal. “El actual sistema penal ha mostrado un vigor y una capacidad de adaptación muy interesante, imagino que mucho mejor que lo que habría ocurrido con el antiguo sistema”, sostuvo.

No obstante, señaló que en el actual contexto surge la pregunta de cómo se puede revigorizar y democratizar el sistema, de manera que las personas puedan sentir que la justicia penal es igual e imparcial para todos. 

“Existen desafíos claros, como contar con un nuevo Código Penal, que establezca el justo orden de los bienes jurídicos afectados. Hoy nos encontramos con que las sanciones son más altas en delitos contra la propiedad que contra la vida. Existen prohibiciones de acceder a penas sustitutivas en algunos delitos. Tenemos una suerte de rigidización de la forma en que se puede decretar la prisión preventiva, cuya aplicación ha aumentado considerablemente desde 2007 a la fecha, alejándose de su propósito y aplicación  inicial”, explicó.

El abogado mencionó que el espíritu fundacional de la reforma se ha visto mermado con 61 modificaciones al Código Penal y otras 29 leyes modificatorias del Código Procesal Penal, "las que han creado nuevos tipos penales, aumentado penas, restringido el marco interpretativo de los jueces para la definición de penas, aumentado facultades discrecionales de las policías, reducido las garantías de la ciudadanía y dificultado su protección por los tribunales y la defensa pública”. 

Junto con la necesidad de retomar la inspiración original de la reforma, Luis Soto destacó la importancia de que la defensa penal pública pueda ser ejercida por un ente autónomo, cuya orgánica dote de plenas garantías de independencia a la ciudadanía. También planteó la necesidad de aumentar la inversión en reinserción social y de crear tribunales de ejecución penal con atribuciones en este ámbito.

Según el Defensor Regional de Los Ríos, todo el análisis anterior está refrendado por las cifras, que dan cuenta de una disminución sostenida de la delincuencia. “Al contrario de lo que se sostiene, las cifras han descendido y con mayor evidencia en delitos cometidos por adolescentes. Entonces, creemos que las respuestas deben orientarse hacia la creación de leyes de reinserción social y no de persecución penal”, concluyó.

Para ver y escuchar la conversación completa revise el siguiente link:
https://www.facebook.com/radiouachvaldivia/videos/298582137951639/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARBmog8zd7Xxba2HqQ-v3zVFz-z17Ust53_Vjqpd_BWW8sXVQNtoEhFcYbN3vsNbo1YNTusRlCXxhYbi

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