Sala de Prensa

12/08/2020

Para reforzar la coordinación interinstitucional

Defensor Regional de Atacama participó en mesa de trabajo con el INDH

Durante la reunión se valorizó el trabajo conjunto realizado entre ambas instituciones en los últimos años y se abordó la preocupación de los dos equipos regionales por la situación de los grupos más vulnerables de esta zona del país

Por Claudia Jiménez C.,
periodista Defensoría Regional de Atacama.

Una fructífera reunión de trabajo sostuvieron el Defensor Regional de Atacama, Raúl Palma Olivares, y la jefa de Estudios de la Defensoría Regional, Violeta Villalobos Utreras, con la jefa regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Marcia Quezada Bracho; el abogado Patricio Tello Pizarro, del mismo instituto, y los colaboradores Jorge Puelles y Maykol Saavedra, quienes abordaron los desafíos que debe enfrentar la región en el contexto de la crisis sanitaria por el Covid-19.

Palma explicó que, como institución defensora de los derechos humanos en el ámbito penal, para la Defensoría es de suma importancia mantener y reforzar la coordinación con el INDH y dar a conocer el formato de trabajo que ambas instituciones están llevando adelante durante la pandemia. 

“Hay una serie de temas que es necesario coordinar en materia de derechos humanos: los relacionados con el debido proceso penal, la situación de las cárceles, los adolescentes privados de libertad, los grupos en situación de vulnerabilidad... Tal como ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es necesario resguardar la plena vigencia de los derechos humanos frente a los serios riesgos que la pandemia significan para la vida, la salud y la libertad de las personas”, señaló.

Palma agregó que desde el comienzo de la emergencia sanitaria la Defensoría Regional de Atacama se ha preocupado de monitorear las medidas de prevención de contagio del Covid-19 en los centros carcelarios de la región, en el Centro de Internación Provisoria y de Régimen Cerrado (CIP-CRC) de Paipote y en las comisarías de Copiapó. 

"En todos estos lugares se han adoptado las medidas de protección para los funcionarios que en ellos se desempeñan, como también para las personas que llegan detenidas a estas instalaciones y la idea es que se cumplan los estándares de seguridad sanitaria para todos”, sostuvo el Defensor Regional.

Para el INDH, la situación de las personas privadas de libertad; de los adultos mayores en establecimientos de larga estadía; de personas en situación de calle y el acceso al agua y los servicios sanitarios representan desafíos que requieren ser atendidos por el Estado desde una perspectiva de derechos humanos.

DEFENSA EN COMISARÍAS
El estallido social iniciado en octubre pasado provocó que la Defensoría Penal Pública hiciera frente a un inédito desafío de cobertura y capacidad operativa, a partir de un notorio incremento de la cantidad de personas detenidas y formalizadas.

Al respecto, Palma Olivares explicó que “nuestro objetivo principal es generar un método de cobertura que permita garantizar el derecho de las personas detenidas a acceder a un defensor en el más breve plazo, tener el primer contacto con la persona imputada momentos antes de la audiencia de control de detención ante el juez de garantía, cautelando así su derecho a defensa”.

Marcia Quezada, en tanto, enfatizó que “tal como lo han relevado los organismos internacionales a cargo de la promoción y protección de los derechos humanos, la presencia de un abogado defensor constituye una salvaguarda en el resguardo de otros derechos de las personas detenidas, sobre todo respecto de la prevención de la tortura”.

ARTÍCULO 318
Durante la reunión también se analizó el artículo 318 del Código Penal, que sanciona "a quien pusiere en peligro la salud pública por infracción de las reglas higiénicas o de salubridad, en tiempo de catástrofe, epidemia o contagio".

“La Defensoría va a actuar proactivamente en favor de los usuarios requeridos en procedimiento monitorio por el artículo 318, y de manera reactiva, a solicitud del usuario, para reclamar la condena en monitorio”, advirtió la Jefa de Estudios de la Defensoría Regional.

“Es muy importante contar con el apoyo de los defensores públicos. Que nos cuenten cuando detecten situaciones que afecten los derechos de las personas. Necesitamos fuentes de información para enterarnos de lo que acá ocurre”, concluyó Patricio Tello Pizarro.

 

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