Sala de Prensa

17/08/2020

Lo expusieron el Defensor Nacional y el jefe de la Unidad de Derechos Humanos

La Defensoría presentó proyecto de defensa en comisarías a su Consejo de la Sociedad Civil

Este modelo, desarrollado con el apoyo de EUROsociAL+, se unirá a los demás programas de defensa especializada con que cuenta la institución.

Por Keiko Silva V.,
Defensoría Nacional.

El Consejo de la Sociedad Civil de la Defensoría Penal Pública es una instancia consultiva y autónoma, que busca profundizar la participación ciudadana a través de la incorporación de reflexiones y aportes externos en temáticas de interés para el servicio.

Bajo este enfoque, la institución presentó a sus consejeros los avances logrados para el desarrollo de un modelo de defensa en las primeras horas de la detención, iniciativa que busca aminorar las brechas de desigualdad en el acceso a la justicia, para aportar así al efectivo ejercicio de los derechos de las personas.

La sesión contó con la participación de Ana María Morales, en representación de la Fundación Paz Ciudadana; Jorge Rivera, de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile; Carolina Contreras y Fabiola Cabezas, de la Fundación ProBono; Myrna Villegas y Pablo Ortega, del Centro de Investigación y Defensa Sur (Cid-Sur); Moira Gutiérrez, dirigenta del Centro de Alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, y Alfredo Fernández, de la ONG Leasur.

La presentación estuvo a cargo del Defensor Nacional, Andrés Mahnke, y el jefe de la Unidad de Derechos Humanos de la Defensoría Nacional, Tomás Pascual.

“Los antecedentes de la propuesta de asistencia técnica del Programa EUROsociAL+ se basan en la evidencia de la brecha de defensa en las primeras horas de la detención (informes de ACNUDH y CIDH), situación que se vio reforzada por los hechos sucedidos en el país desde el 18 de octubre de 2019 en adelante”, informó el Defensor Nacional.

PROYECTO DE DEFENSA
La necesidad de dar cumplimiento cabal a las obligaciones internacionales de derechos humanos en materia de defensa técnica ha llevado a la Defensoría a fortalecer con este proyecto el programa que se viene desarrollando desde 2017 a nivel piloto en la comuna de Talca, región del Maule.

A raíz de las movilizaciones sociales iniciadas en octubre de 2019, “pudimos darnos cuenta de un déficit en el conocimiento de los derechos de las personas, así como la multiplicidad de intervinientes del sistema judicial. Pese a que se logró dar una buena cobertura, se evidenció la falta de coordinación interinstitucional, en la que se precisa que la actuación de la defensa debe originarse en los momentos iniciales de la detención”, explicó el Defensor Nacional.

Con ello, señaló los fundamentos que llevaron a EUROsociAL+ -programa europeo de cooperación internacional que promueve la cohesión social en los países de América Latina- a interesarse por apoyar esta iniciativa institucional.

Para Tomás Pascual, fue clave que “durante las semanas en las que se registró el mayor número de detenidos producto del llamado ‘estallido social’, un número indeterminado de personas permanecieron privadas de libertad en recintos policiales sin llegar a la realización de una audiencia, por lo que no pudieron ser atendidas por la Defensoría Penal Pública”.

En su presentación, el directivo señaló las fases que considera el proyecto, incluyendo la visita al país que realizó una experta del organismo europeo para realizar este diagnóstico previo.

“De acuerdo con nuestro plan, se debe definir la propuesta para su elaboración, la que será presentada a la institución y a los intervinientes claves del sistema, para pasar a la redacción de la guía y el proceso de pilotaje y puesta en práctica”, aclaró.

EL CONSEJO
El consejero Jorge Rivera recalcó que este modelo de defensa debe exigir a la institución “no sólo un buen trabajo de coordinación e implementación en lo jurídico. Debe sumar un amplio despliegue de difusión de derechos. Fue llamativo que las personas, especialmente las que no se habían topado nunca con el sistema penal, desconocían el proceso, sus derechos, tanto como imputados o como víctimas”.

El representante de Leasur, en tanto, planteó la necesidad de que en la fase de coordinación con las otras instituciones “esté en la discusión evaluar la situación de revictimización que se produce con quienes sufren vejámenes sexuales, tema del que como institución nos logramos dar cuenta”.

Estas y otras observaciones de los consejeros de la sociedad civil de la Defensoría fueron rescatadas, con la finalidad de incorporarlas para optimizar la gestión y coordinación del proyecto.

Desde 2009, fecha en que se instauró esta figura de participación ciudadana en la institución, se ha hecho habitual para la Defensoría exponer sus proyectos o los resultados de éstos al Consejo.  Con ello se busca que esta instancia pueda analizarlos y aportar la mirada de la sociedad civil.

“Si bien la configuración de este consejo se ha ido modificando a raíz de los procesos eleccionarios, uno siempre valora que ustedes, como representantes de sus instituciones, han procurado, desde sus ámbitos de acción, mantener el interés de generar nuevas y buenas políticas de derechos humanos”, finalizó Andrés Mahnke.

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