Sala de Prensa

09/09/2020

Especialización de los actores del sistema sigue siendo la principal deuda pendiente

Estudio de Unicef y la Defensoría Penal Pública confirma déficits del sistema penal adolescente

Entre los principales resultados, se consigna que entre 2008 y 2018 el número de causas penales con participación de adolescentes bajó en un 36,8 por ciento. El estudio plantea también diversas recomendaciones en tres ámbitos: normativas, institucionales y de conocimientos, actitudes y prácticas de los operadores del sistema.

Por Paola Sais Dünner,
Defensoría Nacional.

A más de una década del inicio de la puesta en marcha de la Ley N° 20.084, sobre Responsabilidad Penal Adolescente (LRPA), que estableció un sistema penal especializado para este grupo de población, la Defensoría Penal Pública y Unicef dieron a conocer los resultados del estudio “Analisis de la implementación de la Ley 20.084 sobre Responsabilidad Penal Adolescente”, que consigna entre sus principales resultados la falta de especialización de los actores del sistema, el excesivo uso de la internación provisoria y la ausencia de unificación de condenas, lo que implica que los adolescentes infractores deban cumplir en forma paralela o sucesiva más de una sanción.

Mediante el análisis de información provista por la Defensoría Penal Pública y entrevistas a actores claves del ámbito, el estudio identifica los avances y desafíos pendientes en el sistema de justicia penal juvenil. En función de esto se levantan diversas recomendaciones, organizadas en tres ámbitos: normativas, institucionales y de conocimientos, actitudes y prácticas de los operadores del sistema.

Entre los principales resultados, se consigna que entre 2008 y 2018 el número de causas penales con participación de adolescentes bajó en un 36,8 por ciento. El informe precisa que esta disminución se produce incluso controlando el efecto demográfico, pues la población menor de 18 años disminuyó en un 15,4 por ciento en el periodo.

Los resultados del estudio fueron comentados por la Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, y por el abogado, académico e investigador Jaime Couso.

El representante de Unicef en Chile, Paolo Mefalopulos, recordó que el principal objetivo de la Ley N° 20.084 es la rehabilitación y reinserción de las y los adolescentes que han infringido la ley penal. Por ello, es necesario contextualizar este objetivo con la realidad familiar y social de las y los adolescentes. Agregó que, si bien la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente representó un avance, hoy es necesario promover modificaciones que se hagan cargo de los déficits que aún persisten.

“El presente estudio ofrece información que permite identificar los diferentes ámbitos de mejora, y vemos que algunos son asumidos por el proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil y en otros se puede avanzar sin necesidad de cambios legislativos”, sostuvo.

DOBLE VULNERABILIDAD
El Defensor Nacional, Andrés Mahnke, en tanto, lamentó la doble vulnerabilidad de la que son objeto los niños, niñas y adolescentes como sujetos en desarrollo, la cual -dijo- se acentúa aún más en un sistema que no les asegura el derecho a la salud, a la educación y al desarrollo pleno de manera adecuada. “Resulta paradójico que, al cometer una infracción penal, ese niño, niña o adolescente deje de ser un sujeto de derecho merecedor de especial protección”, afirmó.

Agregó que en el ámbito de la justicia juvenil son muchos los adolescentes con un historial de deprivación sociocultural, maltrato o abuso, consumo de drogas y alcohol, deserción escolar, ausencia de adulto responsable o negligente en su formación, cuidado e imposición de límites, y que muchos de ellos viven en zonas de conflicto, donde existe el tráfico de drogas, el uso de armas y la violencia en general.

“Sin embargo, en vez de intervenir y prevenir su involucramiento en hechos delictivos, el sistema de justicia penal termina ‘recibiéndolos’ y tratando de reinsertar a muchas personas que nunca han sido parte de la sociedad, porque se les ha excluido desde muy temprana edad. Esta realidad debe ser modificada con urgencia y el sistema penal es absolutamente insuficiente para hacerlo por sí solo”, lamentó.

PRINCIPALES HALLAZGOS
Entre las principales conclusiones del estudio destaca la falta de especialización de los actores que intervienen en el sistema de justicia penal de adolescentes, que a más de diez años de funcionamiento sigue estando en deuda.

El informe concluye que siguen existiendo brechas importantes a nivel normativo e institucional. Sin embargo, identifica a la Defensoría Penal Pública como la institución con el mayor nivel de especialización en justicia juvenil, por sobre el Ministerio Público y el Poder Judicial.

Asimismo, muestra que la Ley N° 20.084 no consideró en su articulado un sistema de unificación de condenas, lo que trae como consecuencia que los adolescentes deban cumplir en forma paralela -y en ocasiones consecutiva- más de una sanción.

En el ámbito normativo, identifica el uso excesivo de la medida cautelar de internación provisoria, que actualmente ya se equipara con la prisión preventiva que se aplica a los imputados mayores de 18 años. Si hoy hay 170 imputados adolescentes por cada 100 mil habitantes, en la población imputada adulta la relación es de 189 personas en prisión preventiva por cada 100 mil habitantes.

A ello se suma que, en promedio, entre 2008 y 2018 un 12,9 por ciento de los adolescentes estuvieron seis o más meses en internación provisoria y que cerca del 70 por ciento de ellos no recibió una sanción de privación de libertad.

Otro dato relevante es que el primer contacto de las y los adolescentes con el sistema de justicia ocurre mayoritariamente a través de una detención, tratándose de un momento que puede generar consecuencias importantes sobre su bienestar, la trayectoria de los adolescentes en el sistema y su percepción de la justicia, especialmente al considerar que la detención puede incluso ser una medida más gravosa que la posible condena asociada a la infracción que se le imputa. 

POBREZA Y DELITO
Respecto de la situación de vida de las y los adolescentes, se identifica que la tasa de imputados por comuna varía en función del nivel de escolaridad completado por los adultos, el nivel de pobreza expresado en las carencias materiales de la vivienda y la presencia de establecimientos educacionales con un rendimiento medio en el SIMCE.

Este resultado alerta sobre la relevancia de observar los factores estructurales y la necesidad de que estos determinantes sean abordados desde políticas públicas intersectoriales, considerando el acceso a derechos y las necesidades de bienestar social de los adolescentes, aspectos que el sistema de justicia no puede abarcar por sí mismo.

El resumen ejecutivo del estudio se encuentra disponible en www.unicef.cl y www.dpp.cl

Noticias relacionadas:


  • subir
  • imprimir
  • volver