Sala de Prensa

05/09/2008

Antofagasta: Defensoría Regional y Centro de Reinserción Social revalidaron acuerdo de colaboración

El intercambio de información entre ambos organismos permitió reducir considerablemente el número de revocaciones de los beneficios que la ley 18.216 otorga a los condenados.

Desde sus inicios, la Defensoría Penal Pública ha incursionado en diferentes acuerdos interinstitucionales de cooperación. Entre ellos, uno de los más exitosos es el que en el año 2004 se gestó con el Centro de Reinserción Social, CRS, tanto de Antofagasta como de Calama.

En este marco, la comunicación entre ambos organismos estuvo en la primera línea de prioridad dado que el intercambio de información entre ambos organismos, permitió reducir considerablemente el número de revocaciones de los beneficios que la ley 18.216 otorga a los condenados.

En muchas ocasiones los beneficiarios de libertad vigilada, reclusión nocturna o remisión condicional de la pena tienen inconvenientes insalvables para cumplir las obligaciones asociadas al beneficio y terminan siendo objeto de revocación por parte del Tribunal de Garantía.

En este sentido, tanto la Defensoría Regional de Antofagasta como el Centro de Reinserción Social instauraron un protocolo de información entre funcionarios que implica el envío de nóminas de incumplimiento. Una vez conocidos los nombres de aquellos penados susceptibles de revocación, se inicia el seguimiento por parte de la encargada de la Unidad de Apoyo a la Gestión, quien los ubica y entrega a su defensor los antecedentes que debe exponer ante el juez que conocerá el caso para así propiciar las alternativas que permitan el cumplimiento efectivo del beneficio.

Así fue como durante dos años, el acuerdo DPP-CRS dio satisfactorios resultados. Sin embargo, durante el 2007 e inicios de este año, el proceso comenzó a decaer hasta volverse prácticamente inutilizado. Ante ello, el Defensor Regional de Antofagasta, Pedro Casanueva Werlinger solicitó una reunión con los personeros del CRS para revisar la materia y darle un nuevo impulso.

Durante la reunión, realizada en dependencias de la Defensoría Regional, los encargados de beneficios, encabezados por el Jefe (s) del CRS, José Mesías, expusieron al Defensor Regional y su equipo jurídico el estado actual de cumplimiento de beneficios y los inconvenientes que hoy reducen la aplicabilidad del convenio de cooperación.

Entre los obstáculos, se cuenta el cambio de personal en el CRS y las metodologías de seguimiento que el organismo ha implementado. Asimismo, los participantes del encuentro concordaron en la necesidad de dar marcha al sistema de comunicación interinstitucional y se comprometieron en remitir la información necesaria para alcanzar nuevamente los mejores resultados y, así, evitar que los penados complicados con el cumplimiento de los beneficios, puedan optar a medidas alternativas.

Ejemplo de ello es el de aquellas madres que deben cumplir reclusión nocturna pero no tienen con quién dejar a sus hijos o de los hombres que trabajan por turnos en faenas y pueden sólo llegar a dormir el penal cada cuatro o cinco días, es decir, en sus descansos del trabajo. Casos como esos pueden ser objeto de otras medidas pero deben ser analizadas y propuestas por la defensa contando con los antecedentes previo a la audiencia de revocación que fija el tribunal.

De igual forma, el CRS expuso al Defensor Regional la situación que tienen en Tocopilla, donde los encuentros con los internos se están realizando en la plaza de la comuna ya que hasta antes del terremoto, se realizaban en la Corporación de Asistencia Judicial, la que actualmente quedó inhabilitada y trasladada a la Gobernación Provincial, la que ahora está en remodelación.

En este sentido, la Defensoría cuenta con espacio apto para continuar con la sesiones, por lo cual Pedro Casanueva hizo saber a José Mesías que facilitará dichas oficinas conforme una calendarización mensual que le entregue el CRS. Todo ello con el fin de responder a uno de los principios inspiradores del Sistema de Enjuiciamiento Criminal, que es la dignidad de las personas.

Convencidos que la labor conjunta entre ambos organismos puede generar grandes beneficios para los condenados que han quedado sujetos a la ley 18.216, Casanueva y Mesías convinieron en que se está gestando una nueva etapa de trabajo en que los usuarios son la prioridad y se harán los mejores esfuerzos de parte de todos los funcionaros para dar un renovado impulso al quehacer de ambos organismos a favor de los usuarios.

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