Sala de Prensa

01/10/2020

Columna de opinión del Defensor Regional de Valparaíso

Rumbo a la autonomía

El siguiente artículo de Claudio Pérez García fue publicado en la página 8 de la edición de hoy en El Mercurio de Valparaíso.

Por Claudio Pérez García,
Defensor Regional de Valparaíso.

En nuestro reciente balance de gestión anual planteamos que es necesario, más aún en los tiempos que vivimos, dotar a nuestra institución de una autonomía que proteja en forma absoluta la independencia de su actuar jurídico. Y con esto no quiero decir que durante la existencia de la Defensoría Penal Pública hayamos sufrido de presiones, sino que simplemente esa posibilidad debe quedar absolutamente impedida.

Por otra parte, la autonomía también garantiza una cuestión que no hemos tenido hasta la fecha, que es la igualdad respecto del resto de los intervinientes.

De los tres grandes actores que intervienen en la reforma procesal penal, somos los únicos que no contamos con la autonomía constitucional o al menos legal, a diferencia del Poder Judicial y la Fiscalía.

La ley que creó la Defensoría Penal Pública estableció que somos un servicio dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, sometido a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Entonces resulta paradójico que, si bien el derecho a defensa tiene reconocimiento constitucional, la institución que se hace cargo del más del 90 por ciento de las causas a nivel nacional no cuente con dicho estatus.

Hay que tener muy presente que el derecho a defensa y la posibilidad de contar con un abogado defensor le pertenece a todas y a cada una de las personas de nuestro país, sin distinción de ningún tipo.

Justamente para asegurar el derecho a defensa, necesitamos proteger la inviolabilidad del defensor público, para que no corra el riesgo de ser sancionado, amenazado o cesado en su función pública por hacer valer estos derechos.

Estamos, como siempre, dispuestos a ejercer nuestra labor de manera transparente, para lo cual creemos que un esquema de autonomía debe considerar, por una parte, la participación ciudadana, evitando con ello la disociación entre el poder público y la ciudadanía y, en segundo lugar, el control de nuestros actos como institución pública, porque ciertamente nuestro país crece cuando cuenta con instituciones sólidas y apegadas a la probidad.

Hace años que buscamos nuestra autonomía. Creemos que las mujeres y hombres que forman parte de nuestra institución la merecen. Y la deseamos para fortalecer el derecho humano que significa el derecho a la defensa técnica y profesional con la que deben contar todas y cada una de las personas de nuestro país. 

En 17 años, hemos ofrecido una defensa de calidad, cumpliendo fielmente nuestra misión y vocación de servicio público.

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