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01/10/2020

Defensor Regional de O'Higgins rindió cuenta pública anual:

“En medio del estallido social y una pandemia, la Defensoría ha enfrentado los nuevos escenarios y realiza una gestión de excelencia”

A través de plataformas digitales, Claudio Aspe dio cuenta del trabajo del equipo regional durante 2019 y el primer semestre de 2020.

Por Andrea Contreras Márquez.
Defensoría regional de O'Higgins.

El aumento de casi mil causas durante los meses de octubre y noviembre del año pasado a raíz del estallido social y la imperiosa atención de los detenidos en unidades policiales fue uno de los importantes desafíos que el equipo de la Defensoría Regional de O'Higgins enfrentó exitosamente durante el último trimestre de 2019.

Así lo explicó el Defensor Regional, Claudio Aspe, al rendir hoy cuenta pública de la gestión institucional en esta zona del país durante el año pasado y el primer semestre del actual. La ceremonia, realizada de forma remota, fue transmitida a través de la página web y las cuentas de la Defensoría en distintas plataformas digitales, como Facebook y YouTube.

Según Aspe, cuando se anunciaba una segunda movilización social para marzo pasado, el escenario cambió nuevamente con la llegada del Covid-19 y el equipo regional debió enfrentar su trabajo de defensa desde las plataformas digitales, atendiendo a usuarios, participando en audiencias y realizando entrevistas a personas privadas de libertad a través de pantallas.

Agregó, sin embargo, que pese a diversas dificultades las cifras fueron exitosas, pues si bien el equipo debió adaptarse a estos nuevos contextos, no ha mermado su arduo trabajo en todos los ámbitos que debe cubrir.

CIFRAS RELEVANTES
Así, el año pasado se atendió a un total de 23 mil 166 personas, de las cuales el 19,6 por ciento corresponde a mujeres, el  4,3 por ciento a adolescentes, el 2,1 por ciento a extranjeros y el 0,4 por ciento a personas de pueblos originarios.

Los delitos más comunes atendidos por la Defensoría durante 2019 fueron las lesiones (21 por ciento), las amenazas (20 por ciento) y los delitos de la Ley de Tránsito (13 por ciento), lo que vuelve a mostrar que los delitos más violentos forman una parte menor del total de causas atendidas.

INOCENTES
Una cifra que siempre es preocupante es la del número de personas inocentes que debieron pasar por un proceso penal. En 2019 3 mil 232 personas pasaron por el sistema penal en O’Higgins y resultaron absueltas o sobreseídas al final del proceso. Más preocupante aún es que de ellas, 61 personas pasaron entre 15 días y hasta dos años privadas de libertad, situación que deja en cuestionamiento el actuar de los intervinientes del sistema.

ESTALLIDO SOCIAL
Aspe se refirió también al impacto que tuvo el estallido social en la labor institucional. Explicó que desde el 18 de octubre y hasta diciembre del año pasado, la Defensoría debió iniciar un plan de atención en unidades policiales y coordinarse con el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y organizaciones de la sociedad civil para velar por la dignidad de los detenidos y controlar que las detenciones y posteriores audiencias se hicieran conforme a derecho y siguiendo los principios del debido proceso.

Así, durante el período las causas atendidas por la Defensoría aumentaron en 927 respecto del mismo período del año anterior, lo que exigió un mayor esfuerzo por parte de los equipos de defensa.

PANDEMIA
Según el directivo, ya en marzo de este año, cuando la Defensoría preparaba estrategias para abordar un posible segundo estallido social, se vio enfrentada a la emergencia sanitaria provocada por el Covid-19, lo que obligó a todos a adaptarse a una nueva forma de trabajo, que se basó en las plataformas digitales para desempeñar su labor en tribunales, en las unidades penales, la atención de público y todas las demás tareas propias del servicio.

De esta manera, cuidando a los colaboradores y usuarios, se ha realizado el trabajo a distancia con buenos resultados y logrando la cobertura total que los tribunales han demandado.

El Defensor Regional explicó que la pandemia trajo también un nuevo desafío: atender a las más de 6 mil personas que han sido detenidas o notificadas por delitos contra la salud pública (Art.318 del Código Penal), pues es necesario informar a la comunidad sobre los escenarios que presentan estas causas y la afectación económica y personal que pudiesen acarrear.

A partir de ello, informó que por estos días se desarrolla una campaña nacional que invita a las personas a informarse y recurrir a un defensor público que las asesore para tomar la mejor decisión.

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