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08/10/2020

Marco Montero, Defensor Regional de Ñuble, en su cuenta pública 2019-2020:

“Aumentar los casos que se judicializan no necesariamente se traduce en una gestión más eficiente de la persecución penal”

A través de una transmisión por streaming, el directivo dio cuenta de los principales hitos de gestión de la defensa pública en Ñuble, región creada como zona administrativa autónoma en septiembre de 2018.

Por Marcelo Padilla Villarroel,
Defensoría Nacional.

Con una ceremonia virtual que se transmitió a través de la página web, de las cuentas institucionales en redes sociales y el diario electrónico En Estrado, el Defensor Regional de Ñuble, Marco Montero Cid, rindió hoy su primera cuenta anual sobre la gestión de su equipo en 2019 y el primer semestre de este año.

La región de Ñuble fue creada como zona administrativa autónoma el 1° de septiembre de 2018 y Montero asumió formalmente su cargo el 1° de febrero de 2019, tras ganar el respectivo concurso. Sin embargo, el acto formal del año pasado debió ser suspendido, a propósito del estallido social iniciado el 18 de octubre.

Por lo mismo, el directivo partió agradeciendo el apoyo de la Defensoría Regional del Biobío como zona de origen y resumiendo los principales detalles de la instalación del equipo regional, integrado en total por 33 personas (19 mujeres y 14 hombres), quienes atienden nueve oficinas en Chillán, San Carlos, Quirihue, Bulnes y Yungay, respectivamente.

AUMENTO DE INGRESOS Y TÉRMINOS
Marco Montero explicó luego que las 8 mil 363 causas atendidas el año pasado implicaron un aumento de 15,4 por ciento en los ingresos, lo que situó a Ñuble como la tercera región con mayor número de ingresos en el país. De ese total, el 18 por ciento correspondió a mujeres, el 4,3 por ciento a adolescentes, el 0,3 por ciento a extranjeros y el 0,2 por ciento a personas de pueblos originarios.

“El Estado tiene el deber de promover el bien común y generar condiciones que permitan a todos sus miembros el pleno desarrollo personal con igualdad oportunidades, para lo cual es necesario contar con un sistema judicial que concilie la validez del enjuiciamiento y el castigo al culpable, con la vigencia y pleno respeto de sus derechos y garantías. Este adecuado equilibrio es lo que posibilita la anhelada paz social y la sana convivencia entre todos y todas”, planteó.

Según el abogado, los delitos principales de la zona durante el año pasado fueron las lesiones (22,8 por ciento), las infracciones a la Ley de Tránsito (16,9 por ciento) y las amenazas y otros delitos contra la libertad e intimidad de las personas (16 por ciento).

Agregó que se decretaron 6 mil 142 medidas cautelares, contexto en que la prisión preventiva o la internación provisoria se decretaron en el 9,1 por ciento de los casos. Sin embargo, la cifra de personas que terminaron sus causas como inocentes o no condenadas se incrementó en un 28,8 por ciento, pasando de 579 casos en 2018 a 825 en 2019.

Durante el mismo año las causas terminadas aumentaron un 22,1 por ciento respecto del año anterior, con lo cual esta Defensoría Regional “como aquella con más términos a nivel país”. Paralelamente, las absoluciones aumentaron un 5,8 por ciento, las salidas facultativas de la Fiscalía crecieron un 22,7 por ciento y los sobreseimientos definitivos crecieron un 30,5 por ciento, todo lo cual “da cuenta de la exitosa gestión y el gran esfuerzo realizado por todo el equipo”, sostuvo Montero.

“Estas cifras evidencian que la decisión de aumentar los casos que se judicializan no necesariamente se traduce en una gestión más eficiente de la persecución penal, lo que preocupa por el mayor margen de error y riesgo de afectación a derechos y garantías de toda persona imputada por un delito y sin ninguna reparación por el daño ocasionado. Hacemos un llamado a actuar con mayor prudencia y responsabilidad”, señaló el Defensor Regional.

ESTALLIDO SOCIAL Y PANDEMIA
En su discurso, Marco Montero puso atención en el “significativo aumento” de las cifras de atención de defensa pública tanto durante el estallido social como durante la emergencia sanitaria provocada por la pandemia de Covid-19. Como ejemplo, indicó que sólo en octubre de 2019 los ingresos aumentaron un 33,2 por ciento respecto de igual mes del año anterior.

Ello motivó que el equipo regional organizara turnos de defensa en la Sexta Comisaría de Carabineros de Chillán, que concentraba a buena parte de las personas detenidas durante las movilizaciones sociales.

“De octubre a diciembre de 2019 las solicitudes de ilegalidad de la detención aumentaron un 138,4 por ciento, en tanto que las ilegalidades decretadas se incrementaron en un 100 por ciento”, señaló.

Luego, a propósito de la pandemia, relevó la prioridad que el equipo dio a la atención de las personas privadas de libertad y a la coordinación con las autoridades de Justicia y de Gendarmería, lo que implicó la realización de operativos sanitarios y visitas a los centros penitenciarios de la región, además de gestiones judiciales que permitieron que 61 personas pudieran salir de la cárcel, disminuyendo así su riesgo sanitario.

En cuanto al debate sobre la realización de juicios por vía remota, el directivo aseguró que, si bien la tecnología ha colaborado en la sustanciación de las causas, “ello tiene como límite la no afectación de garantías judiciales como el debido proceso, el derecho a defensa, la inmediatez o la contradictoriedad, todos principios en los que se sustenta el proceso penal. Por lo mismo, nos parece equívoco que se pretenda imponer esta modalidad remota para juicios orales”.

Para dar cuenta del impacto de la pandemia en el trabajo institucional, Marco Montero mostró su preocupación por el aumento de detenciones por infracción al artículo 318 del Código Penal, pues entre el 1° de marzo y el 30 de junio pasado ingresaron 3 mil 325 causas, lo que implicó un incremento de 46,8 por ciento respecto de igual período en 2018.

“El derecho penal es una herramienta de control social de última ratio, que supedita su intervención a la existencia de un daño efectivo o concreto para un bien jurídico tutelado. De ahí que la persecución penal debiese estar focalizada en aquellos casos donde la conducta del incriminado haya tenido una posibilidad real de poner en riesgo la salud pública”, señaló.

LOS PRINCIPALES DESAFÍOS
Al comentar los desafíos institucionales en esa zona del país, Montero planteó que en el corto plazo se requiere contar con la dotación administrativa necesaria “para asegurar un funcionamiento totalmente autónomo e independiente” y que también es urgente contar en la capital regional con una sede que albergue tanto a la Defensoría Regional de Ñuble como a la Defensoría Local de Chillán. Al respecto, anunció que ya se iniciaron gestiones con la autoridad regional para disponer en breve plazo de un terreno fiscal en el centro cívico de esa ciudad.

Por último, abogó por la autonomía institucional de la Defensoría, condición con la cual “el estado de derecho cobra plena vigencia y legitimidad, nuestra democracia se fortalece y, citando a Aristóteles, la justicia se vuelve la suma de todas las virtudes”.

La transmisión de la cuenta incluyó la difusión de un video preparado por el equipo regional, de otra pieza audiovisual con las principales cifras del período y las respuestas de Montero a cuatro preguntas enviadas respectivamente por el presidente de la Corte de Apelaciones de Chillán, ministro Guillermo Arcos; la seremi de Justicia y Derechos Humanos, Jacqueline Guíñez; el presidente del Colegio de Abogados de Chillán, Dalton Campos, y la trabajadora social Catalina Rubio.

Al término de la ceremonia Marco Montero fue entrevistado en una edición especial del programa “Defensoría Abierta”, que la institución transmite regularmente en su cuenta de Facebook, tras lo cual todo el equipo regional sostuvo un encuentro remoto con el Defensor Nacional, Andrés Mahnke.

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