Sala de Prensa

21/10/2020

Con derecho a voz

Defensoría Regional de Atacama participa en sesión del 'Tribunal de Conducta' de la cárcel de Copiapó

Los integrantes de esta instancia son el jefe de unidad, la jefa del área técnica, el jefe de régimen interno, el encargado laboral y la encargada educacional del centro penitenciario.

Por Claudia Jiménez C.,
periodista Defensoría Regional de Atacama.

En el Centro de Cumplimiento Penitenciario (CCP) de Copiapó se realizó la sesión del 'Tribunal de Conducta', en el que por primera vez participa la Defensoría Penal Pública, gracias a la reciente publicación del Reglamento del Decreto Ley N° 321, que además modificó el Decreto Supremo N° 518, que permite que la institución puede participar con derecho a voz en las calificaciones bimestrales que presenta cada persona condenada, por sentencia ejecutoriada, a penas privativas de libertad.

El reglamento indica que a las sesiones podrá asistir un miembro de la Defensoría Penal Pública designado por la jefatura de la respectiva Defensoría Regional, por lo que en Atacama se designó a la defensora penitenciaria Viviana Luco Amigo y a la asistente social Carolina Quiroga Segura como su eventual reemplazo, para representar a la institución en esta importante mesa de trabajo.

En esta ocasión el tribunal revisó la conducta de 240 personas condenadas que, en su mayoría, presentaban buena o muy buena conducta. Sin embargo, hubo algunos casos que presentaban faltas disciplinarias graves o menos graves, que implicaron necesariamente una rebaja en su conducta.

“Importante es destacar que frente a la situación de emergencia por el Covid-19, la Dirección Nacional de Gendarmería resolvió que sólo se debe evaluar la conducta de los condenados sobre la base de la opinión de la guardia interna, si se cometió alguna falta al régimen disciplinario tipificada en los artículos 78 y 79, que son las faltas graves y menos graves del Decreto Supremo Nº 518, que permiten rebajar la conducta de los condenados”, explicó la defensora penitenciaria.

REINSERCIÓN SOCIAL
“Esperamos con ansias que las siguientes reformas legales nos dirijan hacia un juez de ejecución que vele por los derechos de las condenadas y condenados de nuestro país y se procure la tan anhelada reinserción social”, sostuvo Viviana Luco.

Agregó que “se realizó un proceso serio, transparente y apegado a la norma, en el que no hubo mayores inconvenientes, con un muy buen recibimiento y trato, con la posibilidad de poder realizar aclaraciones y consultas en caso de alguna duda. Participar de esta instancia es de suma importancia, ya que como defensa penitenciaria nos abre una puerta para poder seguir con nuestro compromiso y lema: Sin defensa no hay justicia”.

La jefa de Estudios de la Defensoría Regional, Violeta Villalobos Utreras señaló que “la calificación de la conducta se realiza sobre la base de la proposición que para tales efectos realiza el 'Tribunal de Conducta', e incide en aspectos tales como la postulación a la libertad condicional, la solicitud de audiencia de pena mixta, la postulación al Centro de Educación y Trabajo al interior del penal y la posibilidad de solicitar la reducción de condena, entre otros”.

Según Villalobos, el hecho de que se haya oído a la defensora penitenciaria "es lo más valorable, porque se abre un espacio de participación en defensa de los más vulnerables: los privados de libertad, permitiendo cumplir con la misión institucional de prestar defensa de alta calidad y en concordancia de los derechos humanos hasta la completa ejecución de la pena”, destacó.

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