Sala de Prensa

02/11/2020

El jefe de Estudios de la Defensoría Regional de Aysén participó en conversatorio sobre el estallido social

Cristian Cajas: “Como institución tenemos grandes desafíos pendientes”

El encuentro “Conmemoración del 18-O: verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. INDH por el reencuentro democrático”, fue organizado por la dirección regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos. La Defensoría Regional de Aysén expuso sobre el trabajo realizado, aprendizajes y desafíos a partir de ese histórico periodo.

Por Valeska Olavarría Gallardo,
periodista Defensoría Regional de Aysén.

El conflicto social desatado en octubre de 2019 constituye un proceso en desarrollo, que apunta a tener alcances históricos, políticos, sociales e institucionales. Atendiendo a esta relevancia histórica y social, recientemente el jefe de la Uidad de Estudios de la Defensoría Regional de Aysén, Cristian Cajas, fue uno de los oradores en una jornada on-line de análisis y conversación organizada por la dirección regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).

Joaquín Bizama, director regional del INDH, y Fabiola Burgos, coordinadora de la Macrozona Austral de la Defensoría de la Niñez, fueron los otros dos expositores de esta jornada, en la que más de 60 representantes de organizaciones sociales, instituciones y estudiantes de la región de Aysén participaron con comentarios y consultas.

Desde la perspectiva de la Defensoría Penal Pública, Cajas explicóel trabajo realizado por la institución en la región, así como los aprendizajes adquiridos durante este tiempo y los desafíos que se perfilan tanto para el presente como hacia el futuro.

ESTADISTICAS REVELADORAS
Según explicó el directivo, los datos de la prestación de defensa penal pública otorgada en todo Chile son reveladores. “En el periodo de mayor agitación social, desde el 20 de octubre al 13 de noviembre de 2019, la Defensoría registró un total de 20 mil 645 audiencias de control, lo que representa un aumento de 25,4 por ciento respecto del mismo período del año anterior y un 33 por ciento de aumento en la región para el mismo periodo”, precisó.

Agregó que, de acuerdo con la información registrada en el sistema informático de la Defensoría Penal Púbica, el 40 por ciento de los detenidos no registraban ingresos anteriores en el sistema penal. Además, un 6,2 por ciento del total de audiencias de control de detención fueron declaradas ilegales, lo que implica un aumento significativo, pues en el mismo periodo de 2018 sólo se decretó la misma ilegalidad de la detención en el 2,2 por ciento de los casos.

Cajas recordó que, por medio de una ficha instruida a todos los defensores penales públicos del país, en el mismo periodo antes indicado se registraron 178 denuncias por presuntos casos de violencia institucional, es decir, torturas, apremios ilegítimos y otros delitos en perjuicio de los detenidos, entre los cuales hay 19 casos de violencia sexual.

Agregó que, en cumplimiento de los acuerdos interinstitucionales de trabajo conjunto, estos casos fueron derivados al Ministerio Público (152 denuncias contra funcionarios de Carabineros, 13 contra la PDI, 4 contra militares, 3 contra civiles y una sin más información).

El jefe regional de Estudios explicó que, durante ese periodo, la Defensoría Penal Pública debió activar un plan de contingencia, que implicó la presencia de las y los defensores públicos en comisarías y cuarteles policiales, con el fin de entrevistar a los detenidos y cautelar su condición.

También se reforzaron  los turnos en audiencias de tribunales, la realización de capacitaciones en materias legales aplicables -como la Ley N° 21.208, denominada 'ley antibarricadas', la difusión de derechos y garantías procesales, además de fortalecerse las comunicaciones institucionales con la ciudadanía. Este plan de contingencia se materializó con el mismo presupuesto y la misma dotación de funcionarios y recursos materiales.

LOS GRANDES DESAFÍOS
“A propósito de esta experiencia, debemos destacar la labor de todas las instituciones, tales como los tribunales de justicia, el Ministerio Público, la Defensoría, el INDH y la Defensoría de la Niñez. Cada una tiene un rol en cautelar la persecución penal y la actuación de los agentes del Estado. Además, destacar la audiencia de control de detención como ámbito público, por excelencia, de garantía efectiva de los derechos de los detenidos”, dijo.

Finalmente, Cristian Cajas, señaló que para la Defensoría Penal Pública surge el desafío de ampliar su cobertura y avanzar hacia uba atención sistemática de las personas detenidas en comisarías y cuarteles policiales, mientras que para todas las instituciones públicas destacó la necesidad de profundizar el respeto y la vigencia de los derechos humanos para todas las personas, sin discriminaciones de ningún tipo.

“Los derechos humanos no son patrimonio de un sector, de una época, ni de una institución determinada. Nos pertenecen a todos y a todas”, resumió el jefe regional de Estudios de la Defensoría.

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