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Ministro de Justicia anuncia proyecto para avanzar en autonomía de la Defensoría Penal Pública

11/11/2020

“En reconocimiento a la madurez de este organismo”, sostuvo

Ministro de Justicia anuncia proyecto para avanzar en autonomía de la Defensoría Penal Pública

En seminario sobre los desafíos pendientes tras 20 años de la reforma procesal penal, el Defensor Nacional, Andrés Mahnke, mencionó la urgencia de un nuevo Código Penal, de una política de reinserción social, de un sistema de ejecución de penas, de racionalizar el uso de la prisión preventiva y de lograr la autonomía de la Defensoría Penal Pública.

Por María Eugenia González I.,
Defensoría Nacional.

Importantes figuras del ámbito judicial nacional e internacional reunió en su primer día el seminario organizado por el Poder Judicial a propósito de cumplirse 20 años de la reforma procesal penal en Chile. La actividad, que culmina hoy, aborda la génesis de la reforma, su diseño original y las bases constitucionales de este relevante cambio de la justicia en el país.

En el encuentro participan el presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, académicos, abogados, entre otras altas autoridades.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, pasó revista a lo que ha sido el sistema de justicia en Chile. Recordó que la reforma significó la sustitución de los paradigmas bajo los cuales funcionó el sistema de justicia durante el siglo pasado, pasando de uno de tipo inquisitivo a otro de tipo acusatorio.

También destacó que el actual sistema de justicia es un ejemplo de politica pública existosa concebida con una visión de Estado, aunque “es indispensable, 20 años después, pasar por un proceso de autocrítica y revisión, para aprovechar las evaluaciones que se han hecho y ponerlas al servicio de la gente”.

MINISTRO CITA A ESTUDIO DE LA DPP
En su repaso por estos 20 años de reforma a la justicia chilena, Larraín citó un reciente estudio de la Defensoría Penal Publica y reconoció que la ciudadania no tiene la mejor opinón ni evaluación de la justicia: “Solo un 17 por ciento evalúa a la justicia con una nota superior a 5. Es decir, la gran mayoría, el 82 por ciento, califica a la justicia penal en Chile entre un 1 y un 4”, señaló en referencia al estudio.

Agregó que, según la misma pesquisa, la confianza en las instituciones también es baja: “La gente no tiene mucha confianza y la califica bajo el 35 por ciento. Esto también dice relación con la situación de las personas en los recintos penitenciarios, donde se estima que no están en una buena condición, pues un 64 por ciento no cree que se respeten los derechos humanos de las personas privadas de libertad”, dijo el ministro, citando la misma investigación, realizada por la consultora Cadem.

“Esto es un llamado a seguir trabajando en un aspecto que nos habla de cómo continuar en el momento posterior a la condena y, en general, en la etapa post penitenciaria, donde urge desarrollar y regular la ejecución de la pena. Necesitamos un sistema mas eficiente, más cercano y más confiable”, aseguró el secretario de Estado.

DESAFÍOS DE LA JUSTICIA PENAL EN EL SIGLO XXI
Respecto a los desafíos actuales de la reforma, el jefe de la cartera de Justicia reconoció que los cambios requeridos son de gran envergadura y planteó que se debe establecer una revisión periódica, sistemática, orgánica y seria del funcionamiento del proceso penal, incorporando algunas modificaciones urgentes.

Respecto de la autonomía institucional de la Defensoría, el ministro anunció que “se está estudiando un proyecto para avanzar en la autonomía de la Defensoría Penal Pública, en reconocimiento a la madurez de este organismo y al aporte que ha realizado, que pensamos debe seguir avanzando de esta manera”.

Agregó que para la cartera que dirije es fundamental fortalecer el rol de la víctima en el proceso penal, en el marco de la creación de un servicio nacional de acceso a la justicia que incluya a la Defensoría de la Víctimas. Adelantó también que el Gobierno está elaborando un proyecto de nuevo Código Penal, que “esperamos presentar al Congreso en pocas semanas más”.

Finalmente, Larraín agregó que es necesario hacer una revisión y mejora en diversos aspectos del rol que cumple el Ministerio Público, como por ejemplo en la facultad de archivo de las causas.

“Debería existir mayor claridad y rigor en los criterios que son utilzados para tomar la desición, así como también los indicadores y sentidos con la que operan los ficales. Cuando la mitad de los casos que ingresan no son investigados, queda la sensación de una falta de respuesta a las denuncias que hacen los afectados”, explicó.

DEBEMOS TENER UNA VISIÓN EQUILIBRADA DE LA JUSTICIA
El Defensor Nacional, Andrés Mahnke, en su disucurso durante este encuentro de juristas, actores e intervinientes del nuevo sistema penal. Aseguró que la reforma “significó una transformación sin precedentes dentro de un proceso más amplio de modernización del Estado, y sin duda esta transformación de la justicia penal me parece por lejos una politica pública existosa”.

Mahnke, quien fue un actor relevante en la instalación de este histórico cambio procesal, hizo referencia a los dos hechos más significativos ocurridos en el último año: el estallido social y la pandemia por Coronavirus. Explicó que para la Defensoría Penal los énfasis estuvieron puestos en la situación de mujeres y hombres privados de libertad.

“En el primer escenario, los detenidos en las unidades policiales, y en el segundo caso, la emergencia sanitaria respecto de las personas privadas de liberdad en nuestros recintos penitenciarios”, señaló.

A partir de la experiencia acumulada en ambos procesos, el jefe de la defensa pública nacional resaltó la igualdad y la visión equilibrada que debe tener el sistema de justicia penal para fortalecer la paz social. “Ese es el mensaje que nos dejan estas dos crisis, aunque todavía no terminamos de generar un diagnóstico ni adaptarnos a los cambios sufridos durante este último año”, indicó.

DESAFÍOS PENDIENTES
Al finalizar su reflexión, el Defensor Nacional dijo que aún quedan desafíos institucionales y ciudadanos pendientes en el ámbito la justicia. Desde la mirada ciudadana, por ejemplo, sostuvo que está pendiente la creación de nuevo Código Penal, “que actualice el reproche social a las sanciones que tiene establecidas nuestro ordenamiento. Ello es central en lo que nos queda por avanzar”.

También consideró pendiente el fortaleciento de la “reinserción social y la creación de un sistema de ejecución de penas, que es el anuncio pendiente de la reforma procesal penal de hace 20 años. Racionalizar el uso de la prisión preventiva también es un elemento central en la búsqueda de esta igualdad”, aseguró.

“Un pendiente para nosotros, desde el punto de vista institucional, es la autonomía de la Defensoría Penal Pública, pues más allá de una actualización y ampliación de la cobertura que ha tenido, sería el primer cambio modélico de la reforma que vivimos hace 20 años”.

DEBATE CONSTITUCIONAL
Luego intervino el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, quien coincidió con el ministro y con el Defensor Nacional en los cambios que necesita hoy la justicia para mejorar su funcionamiento.

Al respecto, señaló que se trata de “una de las grandes definiciones y consensos que deberemos resolver como sociedad durante el debate constitucional. Qué tipo de justicia penal queremos y cuáles son los énfasis que ésta debe tener presente al momento de su diseño y funcionamiento”, finalizó.

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