Sala de Prensa

19/11/2020

En entrevista con el programa institucional “Defensoría Abierta Live”

Defensor Regional de Atacama promovió el derecho a sufragio de las personas privadas de libertad

La amena conversación fue transmitida por Facebook Live, YouTube, el diario electrónico enestrado.cl y la página web institucional de la institución (www.dpp.cl).

Por Claudia Jiménez C.,
periodista Defensoría Regional de Atacama.

En el marco de la cuenta pública institucional en Atacama, el Defensor Regional, Raúl Palma Olivares, fue entrevistado por el periodista Alexis Matamala Olavarría, de la Defensoría Nacional, ocasión en la que abordó distintas temáticas, como la redacción de una nueva Constitución y su incidencia en el sistema de justicia, el derecho a sufragio de las personas privadas de libertad y la presunción de inocencia, entre otras.

“Estamos en un momento histórico. Nos vamos a enfrentar a la redacción de una Constitución nueva, que va a regir durante los próximo 30 a 40 años, lo que es una oportunidad enorme de poder efectuar una serie de cambios que impliquen una mejor vida para todos los chilenos. En ese sentido, lo que a nosotros nos compete es que el sistema de justicia cambiará en muchos aspectos, quizás reformas al desarrollo de los juicios, optar a un juicio de jurados o la creación de tribunales vecinales para descomprimir los de garantía y los orales”, señaló Palma Olivares.

Según datos del Servicio Electoral (Servel), el 90 por ciento de las personas privadas de libertad tendrían derecho a sufragar, “sobre todo aquellas que se encuentran en prisión preventiva o aquellos que no han sido condenados a una pena aflictiva”, explicó Palma.

Al efecto, quienes se encuentran privados de libertad solo están restringidos en determinados derechos, como el desplazamiento o la libertad ambulatoria, pero no en los demás. “Por lo tanto, el derecho a sufragio nos parece esencial. Eso incorporaría la inclusión de un grupo importante de personas en el devenir de su país y sería una medida interesante de reinserción”, añadió.

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y DERECHO A VOTO
Consultado sobre la situación de las personas que cumplen prisión preventiva y deben presumirse inocentes mientras se lleva a cabo la investigación penal en su contra, el Defensor Regional aclaró que “hay un elemento crucial que es la presunción de inocencia. Las personas en prisión preventiva no han sufrido una condena en su contra y, por lo tanto, están revestidas de todos los derechos que nuestra Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos contemplan. Desde ese punto de vista, es deseable y democrático que pudieran ejercer el derecho a voto”.

El directivo agregó que “nosotros mismos hemos propiciado el conocimiento del 'Proyecto Inocentes'. Sabemos que existen muchos que, aun siendo investigados, luego se demuestra que eran inocentes. Que se les niegue el derecho a sufragio es una doble carga, junto con los demás problemas que sufre una persona privada de libertad. Esperemos que este sea el instante de ver un progreso en Chile, como la igualdad ante la ley y el derecho a sufragio de las personas privadas de libertad”. 

'PROYECTO INOCENTES Y CIFRAS REGIONALES
Durante la entrevista también se comentó un reciente análisis de la Defensoría Regional, según el cual 823 personas fueron declaradas inocentes durante 2019 y 38 de ellas estuvieron en prisión preventiva. De ellas, 22 personas lo estuvieron un período menor a seis meses y 3 pasaron seis meses y más cumpliendo esa privación de libertad, lo que pone en evidencia que esta medida cautelar muchas veces es utilizada como una pena anticipada.

Así, desde una mirada crítica, inspirada en el respeto a los derechos humanos y en la experiencia internacional, la Defensoría Penal Pública creó el "Proyecto Inocentes", única iniciativa de este tipo en el país, que busca corregir malas prácticas, errores y abogar por iniciativas tendientes a evitar que personas inocentes sean encarceladas.

“El proyecto también busca difundir la inocencia de estas personas, a objeto de reparar su honra social, aportar a su recuperación frente al tremendo daño emocional y económico recibido y desdibujar el estigma que han sufrido en medios de comunicación, redes sociales y en su entorno, luego de verse asociadas indebidamente a hechos delictuales, algunos de muy grave connotación”, concluyó Palma Olivares.

 

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