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21/01/2021

Proyecto de ley es patrocinado por Ministerio de Justicia y Derechos Humanos:

Defensoría plantea ampliar concepto de víctimas a propósito de la creación del Servicio Nacional de Acceso a la Justicia

En su intervención en la Comisión de Constitución de la Cámara Baja, el Defensor Nacional (s), Marco Montero destacó que esta iniciativa legislativa representa una oportunidad histórica para incorporar a víctimas del sistema penal, pero que es importante que las modificaciones que se quieran introducir a la normativa procesal penal no generen un desequilibrio en el sistema, ni una desigualdad de armas.

Por Paola Sais D.

Defensoría Nacional

 

“El acceso a la justicia, especialmente para los grupos vulnerables, es un desafío que la Defensoría Penal Pública ha asumido responsablemente a través de las creación de líneas de defensa especializada y un trabajo de capacitación contínuo de sus defensores y personal de apoyo”. Con esas palabras el Defensor Nacional (s) Marco Montero enmarcó su intervención, valorando el propósito del proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia, que cumple trámite en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados.

Marco Montero dio a conocer la posición institucional respecto de este nuevo servicio y a la línea de  defensa de las víctimas que considera, la cual fue revisada con todos los y las defensores regionales. En el marco de su intervención, recordó que históricamente, el derecho de acceso a la justicia ha sido desarrollado a partir de la noción de las debidas garantías del imputado y el derecho a la protección judicial, “sobre todo a nivel del derecho internacional de los derechos humanos”.

 

Oportunidad histórica

Para la Defensoría Penal Pública, el proyecto de ley que se discute actualmente en el Parlamento representa una oportunidad histórica de ampliar el concepto de víctima a dos grupos  que de alguna manera han sufrido abusos por parte del Estado. Se trata de los imputados o condenados privados de libertad que han recibido abusos en las cárceles, y las personas inocentes, aquellas que han sido absueltas, sobreseídas o respecto de las cuales el Ministerio Público ha resuelto no seguir investigando las causas por los que fueron imputados, y que no tienen mecanismos para exigir una reparación por parte del Estado.

“Desde nuestra realidad como defensores penales públicos…visualizamos que existe una necesidad de dar protección, defensa y reparación a las personas que son víctimas de actuaciones del Estado. Me refiero a personas privadas de libertad que sufren abusos por parte de funcionarios públicos (custodios). Nos referimos también a personas inocentes que han enfrentado procesos penales que han sido privadas de libertado afectadas en sus libertadas personales”, dijo Montero.

Agregó que en relación a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, la Defensoría puede jugar un papel colaborativo a través de su especialización en defensa penitenciaria, o bien a través de Sircaivi, una iniciativa que se trabaja junto a la organización de la Unión Europea, EUROsociAL+, “donde pueden realizarse actuaciones donde tenemos limitaciones legales para realizar querellas y persecución de responsabilidades administrativas y penales de agentes del Estado que violen los derechos humanos de detenidos, imputados y condenados”, y añadió que el fortalecimiento de la solución de conflictos colaborativos relacionados con la justicia restaurativa también es una vía que apoya la búsqueda de acuerdos reparatorios y procesos de mediación, entre otros.

Antes de concluir sus palabras, el Defensor Nacional (s) hizo especial hincapié en avanzar en este proyecto de ley sin generar desequilibrios. “Hacemos un llamado, a que cuando se vaya avanzando en la tramitación de esta iniciativa, las modificaciones que se quieran introducir a la normativa procesal penal no genere un desequilibrio, una desigualdad de armas” y agregó que “una justicia más justa y respetuosa de los derechos de todos los ciudadanos” además de generar mayor confianza en las personas, es la base de una sociedad más equitativa y democrática.

Durante la sesión también entregaron sus puntos de vista el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín; el Fiscal Nacional, Jorge Abbott; la Subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, y el Director General de la Corporación de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana, Alejandro Díaz, además de representantes de Carabineros y de la Policía de Investigaciones, académicos y representantes de los gremios vinculados al sistema.

Los parlamentarios que integran esta Comisión acordaron votar la idea de legislar de esta iniciativa en la próxima sesión, programada para la cuarta semana de enero.

 

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