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12/02/2021
Avanza el trabajo de creación de protocolos regionales que faciliten su tarea a los defensores públicos
Directivos de O´Higgins se reúnen con oficiales de la VI Zona de Carabineros para coordinar defensa pública en comisarías
Además, se realizarán protocolos de atención en casos de vulneración de derechos humanos y causas en las que se vean involucrados funcionarios policiales.
Por Andrea Contreras Márquez,
Defensoría regional de O'Higgins.
Desde 2017 la Defensoría Penal Pública trabaja en el desarrollo de un modelo de defensa en las primeras horas de la detención en unidades policiales, iniciativa que busca aminorar las brechas de desigualdad en el acceso a la justicia, para aportar así al efectivo ejercicio de los derechos de las personas.
Este trabajo fue reforzado recientemente con un estudio realizado por EUROsociAL+ (agencia de la Unión Europea), que dio cuenta de la pertinencia y necesidad de que la Defensoría enfrente este desafío que hoy desarrolla programas pilotos en las regiones de Maule, Metropolitana y Antofagasta.
Con el objeto de potenciar este programa, en enero pasado el Defensor Nacional (S), Marco Montero, firmó un convenio de colaboración con Carabineros, que permite desarrollar protocolos regionales en todo el país, para facilitar las acciones de este modelo de defensa. El acuerdo también posibilita la cooperación interinstitucional en la atención de causas que afecten a funcionarios policiales y el desarrollo de capacitaciones conjuntas.
REUNIÓN CON OFICIALES
En este sentido, el Defensor Regional de O´Higgins, Claudio Aspe, y el jefe de la unidad regional de Estudios de la Defensoría, Mario Quezada, sostuvieron una reunión con el cuerpo de oficiales de la VI Zona de Carabineros, contexto en que los directivos explicaron el programa de atención en comisarías, el marco legal que lo sostiene y los beneficios que presenta para el sistema de justicia penal.
El coronel Rodrigo Bascuñán, representante del general jefe de zona, manifestó su disposición a trabajar en protocolos regionales que permitan el acceso eficiente a la información que requieran los defensores públicos, a la apertura de las unidades policiales y a programar un plan de capacitaciones.
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