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Defensoría Penal Pública en 2020: uno de cada tres delitos imputados fue contra la salud pública

21/04/2021

El Defensor Nacional (S) encabezó ceremonia de cuenta pública de gestión

Defensoría Penal Pública en 2020: uno de cada tres delitos imputados fue contra la salud pública

Marco Montero explicó que más de 135 mil de los 359 mil ingresos del año pasado fueron por infracciones sanitarias, transformando a esta categoría de delitos en la principal del período. El directivo valoró el protocolo que se ha venido trabajando y que permitirá la realización de juicios orales semipresenciales siempre que se respete la voluntad del imputado y se establezcan estándares mínimos, aspectos que han sido prioridad para la institución. Según Montero, en las infracciones por el artículo 318 del Código Penal se debe “evitar la imposición de penas desmedidas en casos de mera desobediencia, cuando no hay afectación real a la salud pública como bien jurídico protegido”. También dio cuenta de un reciente estudio Cadem, que aporta nociones relevantes para mejorar el sistema de justicia en el contexto del debate constituyente. Por ejemplo, el 76 por ciento de los encuestados apoya la autonomía de la Defensoría.

Por Marcelo Padilla Villarroel,
Defensoría Nacional.

Prácticamente una de cada tres personas imputadas el año pasado lo fue por delitos contra la salud pública -particularmente del artículo 318 del Código Penal-, marcando así un período muy inusual en los tipos y totales de delitos ingresados en comparación con los años previos al inicio de la pandemia de Covid-19.

Al encabezar esta mañana la cuenta pública de la gestión 2020 de la Defensoría Penal Pública, el Defensor Nacional (S), Marco Montero Cid, informó que durante 2019 los ingresos por delitos sanitarios sumaron sólo 201 casos, mientras que el año pasado esa cifra creció exponencialmente hasta sumar 135 mil 916 causas ingresadas, transformándose en la principal categoría del año pasado.

En una ceremonia virtual transmitida a través de las plataformas virtuales de la institución, Montero explicó que durante 2020 la defensa pública registró 359 mil 100 imputadas e imputados atendidos, lo que implicó un aumento de 7 por ciento respecto de 2019. Agregó que, de ese total, el 16,8 por ciento correspondió a mujeres, el 4,7 por ciento a personas extranjeras, el 3,3 por ciento a menores de 18 años y una cifra similar a personas indígenas.

“El comportamiento de los ingresos de 2020 fue muy diverso respecto del año anterior, período que tras las movilizaciones sociales también mostró características atípicas. Todavía es muy temprano para los análisis, pero sorprende, por ejemplo, que se registrara una baja de 33 por ciento en los ingresos de responsabilidad penal adolescente, con un total neto de 5 mil 878 causas menos que en 2019”, señaló.

JUICIOS ORALES REMOTOS Y ARTÍCULO 318
Al profundizar su análisis, el abogado comentó que la defensa pública debió intervenir en diversos debates surgidos como efecto de la crisis sanitaria. Según él, el principal se refirió a la pertinencia de realizar o no juicios orales en formato remoto, a partir de la suspensión de miles de audiencias presenciales para prevenir los contagios por el Coronavirus.

Al efecto, Marco Montero indicó que la Defensoría fue consistente en su argumento de que, “en el juzgamiento de ilícitos imputados a personas debe respetarse la voluntad de nuestros representados y tales juicios deben ser tramitados según reglas y principios debidamente respetados por todos, a fin de otorgar legitimidad tanto a la investigación como a la eventual condena impuesta por el Estado”.

Por lo mismo, valoró la mesa creada en diciembre pasado por la Subsecretaría de Justicia para debatir este tema entre todos los intervinientes, instancia que ya concordó un protocolo que permitirá la realización de juicios orales recogiendo los cuatro criterios mínimos señalados por la institución: presencialidad de al menos un juez del tribunal, privilegiar la declaración presencial de testigos y peritos, condiciones para la presentación de la prueba y el ejercicio de litigación, y comunicación permanente y confidencial entre el imputado o imputada y su defensor o defensora pública.

El Defensor Nacional (S) sostuvo que un segundo debate de fondo tuvo que ver los delitos por infracciones contra la salud pública, ámbito en que hasta marzo pasado más de 352 mil personas habían sido detenidas por incumplir normas sanitarias, aplicándosele a la mayoría no sólo una sanción administrativa, sino también una imputación penal.

“Aunque la Defensoría respeta los criterios de persecución penal del Ministerio Público, desde nuestro rol hemos sostenido desde el primer día argumentos jurídicos para lograr en estrados que los tipos penales atribuidos sean interpretados conforme a derecho. Al efecto, cada vez son más los tribunales que acogen nuestra postura, según la cual la mayoría de las detenciones producidas corresponden a una falta que no admite detención y puesta a disposición ante el juez respectivo”, aseguró.

Según el directivo, lo anterior no significa impunidad, sino sólo aplicar adecuadamente las reglas procesales vigentes, “evitando la imposición de penas desmedidas en casos de mera desobediencia, cuando no hay afectación real al bien jurídico protegido -la salud pública- y, de paso, reduciendo el riesgo sanitario que implica el traslado de detenidos hacia comisarías, tribunales y cárceles”, afirmó.

Por lo mismo, valoró un reciente fallo de la sala penal de la Corte Suprema en marzo pasado, que “sentó un precedente jurídico de extrema relevancia” al acoger un recurso de nulidad y absolver a un imputado de Cochrane, en la región de Aysén, que había sido condenado por infringir el artículo 318 al ser sorprendido en la vía pública 20 minutos después de iniciado el toque de queda.

En todo caso, a propósito de la masiva suspensión de audiencias y juicios, el Defensor Nacional (S) advirtió que “la alta cifra de casos en trámite hará evidente la necesidad de contar con recursos extraordinarios para suplir la falta de una dotación suficiente para hacer frente a tan alta concentración cuando se activen”.

AGENDA ESTRATÉGICA Y GRUPOS VULNERABLES
Marco Montero explicó también que la Defensoría Penal Pública pudo hacer frente a las demandas surgidas de la crisis sanitaria gracias al esfuerzo de sus equipos y a los avances logrados previamente en la agenda estratégica institucional, que desde mucho antes de la pandemia venía apostando por la digitalización de sus procesos de gestión.

“La principal iniciativa impulsada ha sido la ‘transformación digital’ de la Defensoría, cuyos ejes son la interoperabilidad de los sistemas, la adopción integral de la ‘carpeta digital’ para la tramitación electrónica de causas, la habilitación del ‘Portal único’ para la atención de usuarios y el desarrollo de la plataforma ‘Power Bi’, que disponibiliza en línea información relevante sobre la gestión de defensa, las estadísticas principales y otros antecedentes de interés para los usuarios y sus causas”, señaló.

Montero relevó también el uso de herramientas de Inteligencia Artificial (IA), tanto para facilitar el trabajo de los abogados en audiencias como para permitir el seguimiento a distancia de las licitaciones de defensa pública y del sistema de control de calidad de la defensa, entre otras áreas beneficiadas.

El jefe (S) de la defensa pública nacional destacó particularmente el desarrollo de una estrategia jurídica que, tras la declaración de estado de catástrofe el año pasado, permitió presentar más de 5 mil solicitudes de revisión de medida cautelar, apoyar cientos de postulaciones a la libertad condicional e interponer decenas de amparos en favor de personas privadas de libertad que pertenecían a grupos de riesgo sanitario.

“Ese esfuerzo inicial valió la pena, porque hacia fines de abril (de 2020) cerca de 4 mil personas -casi el 10 por ciento de la población penal- habían dejado las cárceles para seguir cumpliendo sus condenas o medidas cautelares en sus domicilios”, indicó.

Añadió que el contexto de trabajo semipresencial explicó, además, la realización durante el año de 217 mil atenciones remotas a personas imputadas y sus familias, de las cuales 189 mil 521 fueron por teléfono, 9 mil 451 vía Whatsapp y 8 mil 919 mediante videoconferencias.

PROCESO CONSTITUYENTE Y AUTONOMÍA
Al comentar los desafíos que enfrentan tanto la Defensoría como el resto de las instituciones del sistema penal, Marco Montero se refirió en detalle a los resultados de una reciente encuesta nacional realizada por la institución y la consultora Cadem, algunas de cuyas cifras “confirman nuestro diagnóstico previo y nos aportan, además, pistas para orientar las respuestas futuras que requeriremos”.

Según esa pesquisa, dos de cada tres personas encuestadas (63 por ciento) no cree que el sistema de justicia respete y garantice los derechos humanos, pues sus principales falencias son que “los juicios y condenas dependen del nivel socioeconómico o el origen de las personas (52 por ciento), que “las penas y condenas son muy bajas (45 por ciento) y que los juicios orales son “muy largos” (41 por ciento).

El mismo estudio mostró que tanto los jóvenes (61 por ciento) como los grupos de mayores ingresos (59 por ciento el C1 y 63 por ciento el C2) señalan como su principal falencia la inequidad social. De hecho, casi la mitad de los consultados (49 por ciento) cree que las personas de altos ingresos tienen “una muy alta probabilidad” de acceder a un juicio justo, mientras que sólo un 4 por ciento cree lo mismo respecto de las personas de bajos ingresos.

El directivo destacó que las iniciativas desarrolladas por la institución -como su postulación al ‘Cuarto Plan de Acción de Gobierno Abierto 2018-2020”- han mostrado su efectividad, pues si bien el 82 por ciento de los encuestados califica al sistema de justicia con nota menor a 4, la Defensoría Penal Pública obtuvo la mejor evaluación en desempeño (35 por ciento), confianza (31 por ciento) y transparencia (29 por ciento).

“Destaco que desde 2015 se verifica un crecimiento sostenido del conocimiento de la gente sobre la institución, cifra que pasó de 44 por ciento ese año a 53 por ciento en 2018 y luego a 66 por ciento en esta encuesta 2020, con un meritorio crecimiento de 22 puntos en nuestro posicionamiento en los últimos cinco años”, señaló.

Marco Montero planteó la necesidad de que la defensa pública participe en el debate constituyente en marcha, “del que esperamos, pueda surgir una renovada estructura normativa que reordene la definición de los delitos y sus penalidades asociadas o el rol del Estado como garante de ciertos derechos relevantes en el ámbito penal”, aseguró.

En este ámbito, aclaró que el reciente estudio Cadem aporta valoraciones y criterios relevantes sobre el conocimiento que las personas tienen de sus derechos o sobre la importancia del rol que ejerce la defensa pública, pero también sobre cómo mejorar nuestra justicia, por ejemplo reduciendo las inequidades mencionadas o recogiendo los derechos que las personas piden considerar.

“Tres de ellos son el derecho a indemnizar a una persona inocente que estuvo injustamente presa (96 por ciento), a la reinserción laboral y de estudios de quienes han cumplido condena (87 por ciento) y a la presunción de inocencia (83 por ciento), todas las cuales debieran incorporarse en la nueva estructura constitucional del país”, dijo.

Montero cerró su presentación con un dato de la encuesta que refrenda el principal desafío de la Defensoría: el 76 por ciento de las personas consultadas estuvo de acuerdo con que la institución sea autónoma.

“El fortalecimiento de la institucionalidad del sistema ha sido uno de los requerimientos internacionales en materia de acceso a la justicia, en este caso brindando este estatus a la Defensoría Penal Pública para asegurar cabalmente la cautela del derecho a defensa por una institución de excelencia, moderna, eficiente y transparente, que rinde cuenta de sus resultados y de su aporte al valor público de la administración de justicia”, concluyó.

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