Defensoría Nacional.

El Defensor Nacional (S), Marco Montero Cid, y el comandante en jefe del Ejército, general Ricardo Martínez Menanteau, suscribieron esta mañana un convenio de colaboración entre esa institución y la Defensoría Penal Pública, que les permitirá trabajar en conjunto sobre temas relacionados con la promoción y protección de los derechos humanos.

La ceremonia de firma se desarrolló presencialmente -con todos los resguardos sanitarios- y convocó al jefe del Estado Mayor del Ejército, general Ernesto Tejos Méndez, al secretario general de esa institución, general Sergio Gutiérrez Sepúlveda, y a su auditor general, general Eduardo Rosso Barrientos.

También estuvo presente la teniente coronel Paola Jofré Valdivia, jefa de la recientemente creada Oficina de Defensa Militar, como también los profesores de derecho Nicolás Oxman y Gustavo Balmaceda, asesores de la entidad castrense en estas materias.

COLABORACIÓN MUTUA Y CAPACITACIÓN
El Defensor Nacional, en tanto, estuvo acompañado por el jefe (S) del Departamento de Estudios y Proyectos (DEP) de la Defensoría, Pablo Aranda, quien explicó que este acuerdo tiene una orientación similar al firmado a inicios de este año con la policía uniformada.

“Los objetivos son similares, en el sentido de crear lazos permanentes de trabajo en torno a la promoción y protección de los derechos humanos, por un lado -por ejemplo, por la vía de capacitaciones cruzadas-, y, por otro, a la prestación de defensa pública para los soldados u oficiales que sean imputados por delitos penales”, explicó.

Según el directivo, el Ejército mostró interés en este acercamiento justo después del acuerdo entre la Defensoría y Carabineros.

“El comandante en jefe explicó que, durante el período de excepción constitucional motivado por la pandemia, el Ejército ha debido ejercer tareas de orden público para las que no están capacitados, porque su expertiz es militar, entonces la idea es que podamos capacitarlos en temas relacionados, como la detención y su control judicial, la declaración de ilegalidad de éste, el tema de la violencia y el uso legítimo de la fuerza, todo en el contexto de criterios relevantes del derecho internacional de los derechos humanos”, sostuvo.

Aranda recordó que, inmediatamente tras iniciarse el estallido social de 2019, el Ejército debió salir a la calle de un día para otro, “y lo hicieron con munición de fogueo, porque ellos no tienen armamento disuasivo. De hecho, la mayoría de los delitos que involucran a soldados ocurrieron solo durante los primeros días de movilizaciones sociales y por eso mismo son muy pocos casos”, señaló.

Según el abogado, el general Martínez explicó al Defensor Nacional (S) que su idea es preparar a sus efectivos en estos temas y que, por lo mismo, crearon la oficina que dirige la comandante Jofré, para centralizar ahí los temas de defensa penal de sus efectivos, en coordinación con la defensa pública.

Al término de la ceremonia Marco Montero valoró este acuerdo como un “hito histórico, que permitirá a ambas instituciones trabajar mancomunadamente en la promoción y protección de los derechos humanos, a propósito de sus respectivos roles como agentes del Estado”.