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17/06/2021
Coordinadora General y Secretario General del organismo encabezaron reunión del Comité Ejecutivo
Aidef aprobó aumentar a 28 los integrantes del cuerpo de defensores públicos interamericanos
El encuentro estuvo a cargo de la Defensora General de la Nación de Argentina, Stella Maris Martínez (coordinadora general) y Marco Montero, Defensor Nacional (S) de Chile (secretario general.
Por Marcelo Padilla Villarroel,<
Defensoría Nacional.
La Defensora General de la Nación de Argentina, Stella Maris Martínez, y el Defensor Nacional (S) de Chile, Marco Montero, encabezaron ayer -como coordinadora general y secretario general del organismo, respectivamente-, una reunión del Comité Ejecutivo de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (Aidef), que agrupa a más de 10 mil defensoras y defensores públicos de América Latina.
Durante el encuentro, realizado en formato remoto, la Secretaría General informó en detalle la programación del próximo curso organizado por la ‘Academia de capacitación continua’ para todos los defensores públicos interamericanos (DPI’s) de la asociación, que se realizará en modalidad on-line entre el 5 y el 9 de julio próximo, organizado por la Defensoría Penal Pública de Chile.
En esos cinco días, y por bloques de tres horas diarias, estos profesionales de toda la región se capacitarán en diversas temáticas asociadas a una adecuada representación de los casos que deben llevar tanto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
NUEVOS DEFENSORES INTERAMERICANOS
Durante la jornada -en que también se informó sobre el estado de avance de varios de los 24 casos que los defensores públicos interamericanos tramitan ante la Corte IDH y los 14 que representan ante la CIDH-, se acordó modificar el reglamento que regula la actuación de los DPI’s ante la CIDH y la Corte IDH, de manera que cada país asociado podrá ahora nominar a tres defensores públicos para esa función.
Más tarde se aprobó también incorporar a las y los DPI’s nominados por Argentina, Costa Rica, México, Paraguay y Brasil, con lo cual este cuerpo especializado aumentó a 28 defensoras y defensores públicos de la región.
También se entregaron detalles sobre los encuentros sostenidos entre los directivos de la asociación y el cuerpo de defensores públicos interamericanos, cuya comisión asesora, presidida por la Defensora Regional de Magallanes (Chile), Gustava Aguilar, propuso elaborar un manual que regule la actuación de estos abogados y crear un banco de jurisprudencia y documentos de interés para la tramitación de los casos.
Las y los representantes de las defensas públicas regionales conocieron también los avances del proyecto regional “Modelo y red regional de asistencia jurídica a migrantes”, desarrollado con financiamiento y asesoría del programa EUROsociAL+ de la Unión Europea y que actualmente se encuentra en etapa de instalación, con un plan de trabajo que deberá quedar listo el próximo 24 de junio.
CICLO DE CONFERENCIAS
Por último, se revisó el desarrollo del actual ciclo de conferencias magistrales que desarrolla Aidef, y que contempla varias exposiciones para los próximos meses. Por ejemplo, el 22 de junio Nelly Minyersky, profesora de la Universidad de Buenos Aires (UBA), se referirá a los derechos sexuales y reproductivos.
Luego, el 6 de julio, Claudia Martin, codirectora de la Academia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del American University Washington College of Law, comentará la relevancia del artículo 8 de la ‘Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer’ para asegurar la paridad de género en órganos y tribunales internacionales.
Para el 10 de agosto, en tanto, el ciclo contempla una conferencia sobre el acceso a la justicia en materia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, a cargo de Soledad García Muñoz, relatora especial para estos temas de la CIDH. Dos semanas después, el 24 de agosto, Florentín Meléndez, ex comisionado y ex relator de la CIDH, expondrá sobre los principios y buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas de libertad en las Américas.
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