Sala de Prensa

01/07/2021

Abogados y asistentes sociales exclusivos para personas condenadas y privadas de libertad

Hoy comienza a operar el modelo universal de defensa penitenciaria

El plan incluirá el monitoreo permanente de las condiciones carcelarias de los condenados y un registro de las agresiones y violencia institucional que los internos puedan sufrir de parte de personal de Gendarmería. A partir de hoy también parte la instalación oficial del modelo de defensa en comisarías y de un piloto de atención a personas migrantes.

Por Paola Sais Dünner,
Defensoría Nacional.

En cerca de una docena de recintos penitenciarios de todo el país, hoy comienza a operar el nuevo modelo de defensa penitenciaria de la Defensoría Penal Pública, que tiene por objetivo entregar representación universal a todas las personas condenadas con penas privativas de libertad.

Si bien este grupo vulnerable comenzó a ser representado por defensores públicos especializados en 2016, hasta hoy la tramitación de cualquier requerimiento se realizaba solo a petición de la persona condenada.

Desde la puesta en marcha del modelo inicial en 2016, cerca de 60 mil personas han sido atendidas por estos defensores. Durante 2020, se tramitaron las solicitudes de 12 mil 581 personas de las cuales el 89,1 por ciento correspondió a hombres y sólo el 5 por ciento a extranjeros.

REINSERCIÓN SOCIAL
Con la inclusión de la universalidad en el nuevo modelo, todos los internos contarán con un acompañamiento permanente hasta que obtengan su libertad. Esto significa que existirán obligaciones de visitas para el equipo penitenciario, las que variarán en su periodicidad de acuerdo con la extensión de la pena.

El jefe (S) del Departamento de Estudios y Proyectos (DEP) de la Defensoría Penal Pública, Pablo Aranda, explicó que además de la universalidad, el modelo que empieza a regir hoy tiene un enfoque que busca cautelar el respeto de los derechos humanos de todos los condenados, lo que va más allá de la tramitación de un requerimiento puntual.

También destacó el acompañamiento que habrá en el proceso de reinserción social de la persona condenada, lo que se traduce en que las triadas regionales -defensor regional-director administrativo y jefe de Estudios- buscarán gestionar redes de manera estructurada, que les permitan colaborar con Gendarmería de Chile para ampliar el acceso a iniciativas de reinserción social para aquellos internos o internas que lo deseen.

“El nuevo modelo transforma el modo en que la Defensoría Penal Pública prestará asesoría jurídica a las personas condenadas y privadas de libertad. Los principales cambios son la universalidad de la atención, el monitoreo y cautela de los derechos humanos, con énfasis en violencia institucional, y el acompañamiento permanente -con miras a la reinserción social- durante todo el cumplimiento de la pena”, señaló.

CONDICIONES CARCELARIAS
A diferencia del modelo original, a partir de ahora los equipos penitenciarios realizarán un monitoreo permanente de las condiciones carcelarias de los condenados. Es decir, constatarán los niveles de hacinamiento, la existencia de agua potable, de baños en buenas condiciones, de alimentación balanceada y de un servicio de salud preventivo.

También se mantendrá un registro y monitoreo de las agresiones y violencia institucional que los condenados puedan recibir de parte de personal de Gendarmería. Al efecto se establecieron conversaciones con el Ministerio Público para coordinar la denuncia y posterior investigación de tales casos.

En una primera etapa, el modelo universal de defensa penitenciaria entrará en vigencia en los centros penitenciarios de Alto Hospicio (Tarapacá); Rancagua (O’Higgins); Talca (Maule); Chillán (Ñuble); Femenino de Santiago (Metropolitana) y en todos los recintos penales de la región de Aysén.

Adicionalmente, todas las regiones pilotos verán fortalecida su dotación de equipos penitenciarios con un defensor y un trabajador social dedicado exclusivamente a este tema. A largo plazo, se espera aumentar la dotación de todo el país para poder desarrollar el nuevo modelo y ojalá poder aplicar el sistema mixto en esta defensa, ya que hoy toda la defensa penitenciaria es licitada.

De acuerdo con los datos proporcionados por Gendarmería, los condenados a penas privativas de libertad bordean las 26 mil 600 personas.

MIGRANTES
En el extremo norte del país, hoy también se dará inicio a la primera etapa del modelo de defensa de migrantes en las regiones de Arica-Parinacota, Tarapacá y Antofagasta. Esta decisión se tomó debido a la alta población de personas extranjeras en esta zona, y también de imputados.
Como lo explicó Pablo Aranda, el 90 por ciento de los imputados extranjeros se concentran en cinco regiones del país, de modo que a las antes mencionadas hay que sumar a Valparaíso y la Metropolitana.

“Si bien en Santiago y Antofagasta la cantidad de personas imputadas extranjeras es similar, porcentualmente en la Región Metropolitana representan un 4 por ciento del total de imputados, pero en Antofagasta esa misma cantidad representa entre el 10 y el 15 por ciento del total”, precisó.

Agregó que el objetivo del modelo es que los migrantes que deban enfrentar al sistema penal cuenten con una defensa de calidad y “para ello hay que hacerse cargo de aspectos culturales y de su situación migratoria, ya que los equipos de defensa de este grupo deben relacionarse con otras instituciones vinculadas con la situación extrajudicial de cada persona”.

Por ello, en este modelo cada uno de los defensores especializados contará con el apoyo de un trabajador social, quien será el encargado de la vinculación entre la persona afectada y las organizaciones pro migrantes, intendencias y consulados que sean necesarios para mejorar su calidad de atención.

Este piloto inicial se mantendrá vigente hasta el 31 de diciembre de 2021, para poder recopilar información que permita evaluar su funcionamiento y determinar si podría reemplazar al modelo de defensa existente hoy en el país.

“Las diferencias entre ambos modelos de defensa migrante radican en que a partir de ahora las personas imputadas recibirán notificación de derechos, asistencia consular, tendrán acceso a intérpretes y asistencia especializada en las expulsiones, tanto administrativas como judiciales, que hoy deben enfrentar los extranjeros y que no son cubiertas por la defensa general”, dijo el directivo.

DEFENSA EN COMISARÍAS
Adicionalmente, hoy también se inicia la instalación del plan piloto del modelo de defensa en unidades policiales en cuatro ciudades del país.

Tras el estallido social de octubre de 2019 y la alta cifra de personas detenidas en cuarteles policiales que no llegaban después a los tribunales de justicia para ser formalizados, la Defensoría Penal Pública recibió ayuda del programa EUROsociAL+ de la Unión Europea, para elaborar un modelo que permitiera instalar un sistema de defensa en cuarteles policiales para velar por las garantías fundamentales de las personas desde que son detenidas.

A partir de la decisión de iniciar una defensa que abarque las primeras horas de la detención, se suscribió un convenio de colaboración con Carabineros, a fin de llevar adelante un trabajo más estrecho entre ambas instituciones.

“Este proyecto constituye un hito en la cobertura de la defensa pública, que permite satisfacer las obligaciones internacionales adquiridas por el Estado de Chile en materia de garantías procesales, así como para salvaguardar la prevención de la tortura y otros tratos crueles, en los términos recomendados por el Comité contra la Tortura”, explicó el jefe de la Unidad de Derechos Humanos de la Defensoría Nacional, Tomás Pascual.

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