Sala de Prensa

22/07/2021

El foco de su discurso fue el funcionamiento en pandemia de las defensas especializadas

El Defensor Regional de Antofagasta rindió cuenta pública de la gestión 2020

En su exposición, Ignacio Barrientos relevó el esfuerzo de su equipo para atender a 18 mil 645 personas imputadas, de las cuales el 13,8 por ciento correspondieron a imputados extranjeros. También se refirió a los debates jurídicos sobre el artículo 318 del Código Penal y la realización de audiencias judiciales por vía remota.

Por Marcelo Padilla Villarroel,
Defensoría Nacional.

A través de una exposición audiovisual grabada en el muelle histórico de la ciudad y transmitida a través de los canales institucionales en Facebook y Youtube -además del diario electrónico En Estrado-, el Defensor Regional de Antofagasta, Ignacio Barrientos Pardo, rindió hoy cuenta pública de los principales hitos de esa sede institucional durante el año pasado.

Acompañado en pantalla por un traductor en lenguaje de señas, el directivo partió agradeciendo el esfuerzo del equipo regional en un año tan complejo como 2020, en que la pandemia de Covid-19 “trastocó el funcionamiento de todo el sistema de justicia penal, imponiendo un cambio radical en las dinámicas tradicionales de trabajo”.

Barrientos enumeró una serie de “adaptaciones” que la Defensoría Regional debió realizar con el objetivo de cumplir con el mandato democrático de proporcionar defensa penal de alta calidad a las personas imputadas o acusadas de cometer delitos.

“Desde la activación de la modalidad de trabajo a distancia, se han prestado más de 8 mil 800 atenciones a través de diversos canales remotos, fundamentalmente a imputados y familiares, tanto libres como privados de libertad”, explicó. En este ámbito, agradeció particularmente el trabajo de los/as asistentes administrativos/as, que realizaron el 76 por ciento del total de atenciones por medios tecnológicos en 2020.

Respecto de las personas privadas de libertad, el abogado relevó que el equipo jurídico regional desarrolló 15 operativos en centros penales de la zona y ha mantenido una coordinación permanente con la dirección regional de Gendarmería de Chile, “lo que ha posibilitado, a pesar de la pandemia, una comunicación con la población penal”, indicó.

CIFRAS PRINCIPALES
El jefe regional de la defensa pública dijo que durante 2020 el equipo regional atendió a 18 mil 645 personas imputadas, equivalentes al 5,19 por ciento del total nacional de ingresos, de las cuales el 18,2 por ciento correspondió a mujeres, el 13,8 por ciento a personas extranjeras, el 3,07 por ciento a personas de pueblos originarios y sólo el 2,4 por ciento a menores de 18 años.

Añadió que el 32,8 por ciento de los ingresos correspondieron a delitos contra la salud pública -principal categoría del periodo-, mientras que los ingresos por hurto y otros delitos contra la propiedad, lesiones leves y menos graves, los delitos de la Ley de Tránsito, los delitos de la Ley de Drogas y los robos no violentos tuvieron una menor incidencia.

Según Barrientos, “al analizar la composición de estos ingresos a partir del bien jurídico protegido, resultan evidentes los efectos de la pandemia y sus restricciones, tanto en la persecución criminal como en la respectiva prestación de defensa penal”.

El directivo sostuvo, además, que la posición de la Defensoría respecto del uso penal del artículo 318 del Código Penal ha sido consistente y ha encontrado una buena acogida en tribunales ordinarios y en el Tribunal Constitucional. Sin embargo, aclaró que el debate en torno a las distintas interpretaciones que suscita este artículo no es bueno para la seguridad jurídica del país.

“Tampoco es bueno que exista una norma penal con tan alto grado de indeterminación, hasta tal punto que ha llevado al Tribunal Constitucional a hablar a su respecto de una norma con una configuración defectuosa, con potencialidad de producir una aplicación arbitraria o discrecional del derecho”, aseguró.

DEFENSA DE MIGRANTES
Uno de los principales focos de la exposición de Barrientos se refirió a la prestación del programa de defensa especializada para personas migrantes, que empezó a operar en Antofagasta como piloto en 2016 y que cuenta hoy con equipos en la capital regional y en Calama.

Se trata de un tema importante, porque el año pasado el 13,9 por ciento de los ingresos de la Defensoría Regional correspondieron a imputados extranjeros, situando a la región como la segunda con mayor cantidad de imputados no chilenos, aunque en la mayoría de los casos por delitos de menor entidad.

Según el Defensor Regional de Antofagasta, este equipo especializado, liderado por el abogado Hugo León, “cumplió un rol relevante en el resguardo de los derechos de personas condenadas a la pena de expulsión judicial” durante la pandemia, contexto en que la Corte Suprema acogió cuatro amparos interpuestos por la defensa pública.

“Nuestro equipo de defensa de migrantes ha debido seguir interponiendo recursos de amparo ante la creciente cantidad de expulsiones decretadas por la autoridad migratoria. La actividad recursiva ha logrado detener la expulsión de extranjeros, generando a la vez, a nivel regional, una interesante y rica doctrina jurisprudencial, que otorga seguridad jurídica a personas afectadas por procedimientos administrativos migratorios”, señaló.

DEFENSA PENITENCIARIA
Ignacio Barrientos destacó también el trabajo de los tres equipos de defensa penitenciaria de la zona, que desde hace más de cuatro años cubren todas las comunas de la región y que sólo el año pasado atendieron 3 mil 881 requerimientos.

“En 2020 el equipo penitenciario desplegó una intensa actividad ante la ‘Comisión de libertad condicional’ y por la vía de recursos de amparo ante los tribunales superiores. Los resultados avalan el esfuerzo, pues del total de 155 amparos presentados, el 89 por ciento de ellos fue acogido, ya sea por la Corte de Apelaciones de Antofagasta o por la Corte Suprema”, aseveró.

En este ámbito, el abogado resaltó un logro particular del equipo, que obtuvo el traslado de una mujer transgénero al Centro Penitenciario Femenino (CPF) de Antofagasta, tras pasar casi tres años en el complejo penitenciario de la ciudad.

REINSERCIÓN SOCIAL
El directivo regional también relevó los logros de la institución en materia de proyectos de reinserción social, contexto en que esa sede institucional cuenta desde 2019 con una ‘Unidad de gestión de proyectos’ que, pese a la contingencia sanitaria, logró adjudicar tres de las seis iniciativas postuladas a financiamiento, “todas ellas orientadas a la entrega de conocimiento y desarrollo de habilidades de las personas privadas de libertad, que les permitan reintegrarse adecuadamente al medio libre”.

Barrientos mencionó también que durante el primer semestre del año pasado se logró liberar a 138 personas a través de solicitudes de revisión de medidas cautelares privativas de libertad y a otras 156 mediante presentaciones ante la ‘Comisión de libertad condicional’ o amparos relacionados con estos casos.

GARANTÍAS PROCESALES
A propósito del debate sobre la realización de juicios remotos y de recientes fallos del Tribunal Constitucional que han acogido la postura institucional, el Defensor Regional relevó la “dura batalla” que ha dado la defensa pública para asegurar, en el contexto de la pandemia, que operen efectivamente principios jurídicos tan relevantes como la inmediación, la contradictoriedad y la confrontación de pruebas en el sistema penal.

“Estuvimos siempre abiertos a un diálogo institucional que considere la voluntad del acusado, la opinión técnica de su defensor público y la no afectación de garantías procesales (…) En ese escenario, de suyo complejo, se han obtenido muy buenos resultados (…) Del total de 263 juicios orales realizados en 2020, en 86 se obtuvo una decisión absolutoria, lo que equivale el 32,6 por ciento de los casos”, señaló.

Entre los principales desafíos de su equipo para este año, Barrientos mencionó el desarrollo del piloto de defensa en los primeros momentos de la detención, la necesidad de recuperar la atención presencial en todas las áreas y la importancia de debatir, en el contexto del proceso constituyente, sobre la necesidad de que la Defensoría Penal Pública sea autónoma.

“El proceso constituyente debe ser también la oportunidad para el reconocimiento de la importancia de los derechos y garantías de las personas que enfrentan un proceso penal”, lo que implicará intentar corregir el uso desproporcionado de la prisión preventiva, a través de “alternativas a esta medida cautelar que hagan realidad su carácter excepcional”, concluyó.

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