Sala de Prensa

30/09/2021

La Iniciativa se desarrollará el próximo año

Defensoría instala mesa de trabajo para elaborar modelo de defensa penal de género

Aunque las mujeres representan hoy menos del 20 por ciento del total de personas representadas por la institución, se trata de un porcentaje que viene subiendo en forma constante desde 2009, con un leve descenso en 2020, a propósito de la emergencia sanitaria por Covid-19.

Por Paola Sais Dünner,
Defensoría Nacional.

Del total de personas imputadas representadas por la Defensoría Penal Pública en 2019, cerca del 20 por ciento correspondió a mujeres. Aunque este porcentaje representa una clara minoría respecto de los hombres, se ha incrementado en casi 5 puntos en los últimos diez años.

Respecto de los delitos asociados a este grupo, éstos son también completamente distintos a los cometidos por los hombres: ese mismo año se concentraron mayoritariamente en hurtos (22,6 por ciento), lesiones (21,7 por ciento) y delitos contra la libertad e intimidad de las personas (10,9 por ciento). Más abajo está el tráfico y microtráfico de droga. Pese a tratarse en su mayoría de delitos de baja penalidad, las mujeres representan el 11,9 por ciento de las prisiones preventivas decretadas.

En opinión de la abogada Claudia Castelletti, experta en género de la Defensoría Penal Pública, estas cifras muestran que “existe un trato desigual hacia la mujer imputada. De ahí que, aunque constitucionalmente se consagre el derecho a la igualdad, existe desigualdad de trato entre hombres y mujeres en el sistema penal”.

Agrega que las mujeres sufren una mayor estigmatización social que los hombres y que, además, el impacto familiar es mayor, pues son ellas las que cuidan de los hijos.

Respecto de las mujeres privadas de libertad por delitos vinculados al tráfico de drogas, que conforman la mayoría de las prisiones preventiva de este grupo, la encargada institucional de género dice que son jóvenes, pobres y muchas veces analfabetas. De hecho, no suelen tener un papel preponderante en la red de tráfico, pero tienen pocas opciones laborales y, de tener trabajo, éste es de baja remuneración y con largas jornadas que imposibilita el cuidado de los hijos.

AVANZAR HACIA UN MODELO
Por lo anterior, la Defensoría ha venido desarrollando distintas acciones para corregir y eliminar brechas, barreras e inequidades de género. Por ejemplo, el ‘Manual de actuaciones mínimas de igualdad de géneros’, vigente desde abril de 2019, y previamente, en diciembre de 2018, la creación de una política de género en la prestación de defensa penal, que buscaba establecer estándares de calidad en la prestación de defensa penal, de modo que ésta se ajustara a las necesidades diferenciadas de mujeres y personas de la disidencia sexual.

Hoy, la apuesta es ambiciosa. Una encuesta a todas las defensorías regionales del país y la constitución de una mesa de trabajo regional tienen por objetivo diseñar y ejecutar un modelo de defensa especializada en género, que entraría en vigencia durante el próximo año.

Claudia Castelletti señala que esta decisión es fruto de la experiencia alcanzada a partir de las iniciativas anteriores en esta materia.

“A través del manual y la política de género entendimos que las desigualdades históricas y estructurales de este grupo no debían afectar el acceso, interpretación y aplicación de las normas que rigen el sistema de justicia criminal, de manera de instar a quienes ejercen defensa penal pública a respetar, promover, garantizar y aplicar interpretaciones legales que se condigan con un estricto apego al principio de igualdad, garantizado tanto en la Constitución como en tratados internacionales sobre derechos de las mujeres”, sostiene.

INVISIBILIZACIÓN EN EL SISTEMA PENAL
Añade que durante los dos últimos años la Defensoría ha trabajado especialmente en torno a la invisibilización de la mujer en el sistema penal y la falta de acceso a información relevante sobre sus derechos, tanto en materia de difusión directa a personas atendidas como en la mejora de información oportuna, especializada y de calidad.

“Esto, para apoyar a la defensa penal con jurisprudencia y bibliografía en relación con la defensa penal de mujeres y hombres, además de fomentar una cultura en las actividades de capacitación respecto de mejorar los conocimientos en género y violencia intrafamiliar (VIF) de profesionales de todo el país”, dice.

También se han ajustado distintos instrumentos y sistemas computacionales internos para recoger los datos que pueden otorgar insumos para las actuaciones de la defensa pública. Este es el caso de la modificación de la ficha de primera entrevista, el registro de actividades en las causas y una evaluación de cumplimiento en las defensorías regionales del norte del país.

En este mismo ámbito, se desarrollaron actividades para promover la aplicación del ‘Protocolo de atención a mujeres indígenas, extranjeras y privadas de libertad’, lo que incluyó tanto capacitaciones como reuniones técnicas de análisis, además de una evaluación.

“En definitiva, la actividad la Defensoría ha mejorado el acceso a la justicia de las mujeres, nos ha mostrado las principales demandas de las personas a las que atendemos y ha contribuido a visibilizar a este grupo de la población, que históricamente ha sido olvidado y discriminado”, concluye Castelletti.

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