Sala de Prensa

12/10/2021

Columna de opinión:

Veinte años de defensa penal pública en Atacama: el desafío de una Defensoría autónoma

El siguiente artículo, redactado por el Defensor Regional de Atacama, Raúl Palma Olivares, fue publicado en el Diario Atacama.

Por Raúl Palma Olivares,
Defensor Regional de Atacama.

El 16 de octubre de 2001 entró en vigencia la reforma procesal penal en Atacama, como parte de la segunda fase de instalación gradual del nuevo modelo de justicia penal en nuestro país, dejando atrás el anacrónico y opcao sistema inquisitivo, que juzgaba de espaldas a la ciudadanía, donde el juez investigaba, privaba de libertad y sancionaba con altas tasas de ineficiencia, incumpliendo los mínimos estándares constitucionales y de derechos humanos.

El antiguo régimen procesal era un sistema esencialmente inequitativo en cuanto al acceso de las personas a la justicia, un estándar internacional de derechos humanos que se vincula estrechamente con el principio de igualdad y no discriminación, como ha señalado la Corte Interamericana, sobre todo en sociedades con altos niveles de desigualdad como la nuestra.

Por eso, el Estado debe garantizar un acceso igualitario al sistema de justicia a las personas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad y en aquello la Defensoria Penal Pública ha cumplido en estos 20 años un rol fundamental.

Hoy en 2021, en un contexto constituyente, el desafío estructural es la autonomía de la Defensoría Penal Pública, ya que forma parte de un sistema tripartito -junto con el Poder Judicial y la Fiscalía-, siendo la única no autónoma en un sistema acusatorio y adversarial que requiere de contrapesos adecuados y donde, por su rol de resguardo y protección de garantías, además de control de la actividad punitiva estatal, exige independencia funcional de los defensores y autonomía institucional en el ejercicio del derecho a defensa efectiva como parte integral del debido proceso.

En estos 20 años hemos atendido en Atacama más de 135 mil personas imputadas, de todos las diversidades posibles en una sociedad compleja. Por eso es tan necesaria una autonomía fuerte en la asesoría técnica, que actúe de acuerdo al mejor juicio profesional y en atención a los intereses de los imputados en el proceso penal conforme a sus propias diversidades, exenta de cualquier presión exógena.

Conforme a la Corte IDH, aquello se logra sólo con instituciones que gocen de una autonomía necesaria para ejercer adecuadamente sus funciones.   

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