Sala de Prensa

13/10/2021

Prestadores de defensa penal pública comenzarán sus contratos el 1° de enero de 2022

Biobío: comité regional adjudicó licitación en cinco zonas de defensa general y una de defensa indígena

El Comité de Adjudicación Regional (CAR) de la región del Biobío evaluó técnica y económicamente las propuestas presentadas por los oferentes a un nuevo proceso licitatorio de defensa pública en las provincias de Concepción, Arauco y Biobío.

Por Victoria Haquin V.,
Defensoría Regional del Biobío.

El Comité de Adjudicación Regional (CAR) del Biobío se constituyó el pasado 23 de septiembre para realizar la evaluación técnica de cada una de las siete ofertas presentadas por las empresas que postularon a la licitación de contratos de defensa pública para las zonas de Concepción, Talcahuano, Coronel, Los Ángeles y Arauco.

La última sesión se realizó el pasado 6 de octubre, oportunidad en que el grupo, presidido por el Defensor Regional, -Osvaldo Pizarro, analizó las propuestas económicas de todas las empresas -seis para defensa públixa general y una para defensa especializada indígena-, tras lo cual resolvió la adjudicación.

En defensa pública general la zona 3 (Cañete-Arauco) se adjudicó a la empresa Cruces Abogados S.P.A., la zona 4 (Talcahuano-Tomé) a la Sociedad Alarcón y Araya Ltda., la zona 5 (Concepción-San Pedro-Chiguayante) a Defensores Penales S.A., la zona 7 (Coronel) a la empresa Sociedad Defensa Argel e Inostroza Ltda. y la zona 8 (Provincia del Biobío) a Defensas Penales Los Ángeles Ltda.. En defensa pública indígena, en tanto, se adjudicó la zona 3 a Cruces Abogados S.P.A., la misma empresa que ganó en defensa general.

SESIÓN VIRTUAL
El comité -que sesionó de manera virtual como medida preventiva por la pandemia- estuvo integrado, además, por la magistrada Paola Schisano, representante de los jueces penales de la región; Froilán Pezoa, académico del área económica; Marcelo San Martín, representante del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; y Luis Rodríguez, representante del Defensor Nacional (S). Como secretaria técnica participó también la asesora jurídica de la Defensoría Regional, María Angélica Fuentes.

Según las bases del proceso, todas las empresas deberán iniciar sus labores en las zonas adjudicadas a partir de 1° de enero de 2022, por un periodo de tres años

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