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29/10/2021

En su discurso de cuenta pública 2020-2021

Defensora Regional Metropolitana Sur pidió consagrar la reinserción social y la presunción de inocencia en nueva Constitución

Loreto Flores hizo un repaso completo por los temas más importantes de la gestión de su equipo en este último año. Destacó la situación de las mujeres privadas de libertad y el compromiso institucional con los derechos que deben ser consagrados en la nueva Constitución.

Por Gustavo López Valeria,
Defensoría Regional Metropolitana Sur.

A través de una ceremonia remota y semi presencial, la Defensora Regional Metropolitana Sur, Loreto Flores, rindió cuenta pública de los hitos más relevantes de la gestión de su equipo durante el año pasado y parte del actual.

La actividad contó con la participación del Defensor Nacional (s), Marco Montero; el jefe del Departamento de Estudios y Proyectos (DEP) de la Defensoría Nacional, Pablo Aranda, defensores locales jefes, directivos regionales, funcionarios y colaboradores de la Defensoría Regional Metropolitana Sur (DRMS), quienes destacaron la exposición realizada por Loreto Flores.

La abogada destacó la situación de las mujeres privadas de libertad y el compromiso institucional con los derechos que deben ser consagrados en la nueva Constitución. También detalló los principales trabajos realizados durante el periodo, como la profundización de la defensa penitenciaria, la reorganización institucional, el reforzamiento de la comunicación con personas privadas de libertad y las mejoras tecnológicas desarrolladas.

MIGRANTES Y DELINCUENCIA
En su discurso, la Defensora Regional mencionó la situación de las personas migrantes involucradas en procesos penales y explicó que el año pasado sólo el 3,3 por ciento del total de atenciones realizadas por la DRMS se relacionó con este colectivo de población.

“Muchas de las personas que atendimos correspondieron a delitos relacionados con el artículo 318 del Código Penal, donde los extranjeros no fueron la excepción”, señaló.

Flores también puso acento en el plan piloto de defensa en comisarías, en cuyo contexto destacó un cambio en la relación de la defensa pública con Carabineros, "que se incrementa con las capacitaciones que estamos entregando a la policía uniformada que y que alcanza a más de 500 funcionarios directamente capacitados en las prefecturas Sur, Cordillera y Maipo".

La cuenta pública se realizó  de forma remota y fue transmitida por las redes sociales institucionales y el sitio de noticias judiciales En Estrado. La abogada afirmó que las tecnologías llegaron para quedarse y que su uso intensivo puede significar una mejor interacción con los representados de la Defensoría, lo que se suma a una capacidad de resphuesta inmediata en muchas de las consultas y gestiones que se solicitan.

Agregó que durante el año pasado los contactos con centros penales y entrevistas con personas privadas de libertad superaron las 37 mil gestiones, lo que grafica que se adoptaron las medidas de contingencia oportunas para que no se perdiera el contacto entre las y los defensores públicos y sus representados.

NUEVA CONSTITUCIÓN
La Defensora Regional afirmó también que la institución mira con atención el trabajo que desarrolla la Convención Constitucional, en especial respecto de cómo se puede alcanzar una autonomía de rango constitucional.  

“No se trata de una mera cuestión de orden administrativo ni menos formal. Como lo ha sostenido la Corte Interamericana, la institución encargada de la defensa penal pública, a través de la cual se operativiza el derecho de defensa técnica, debe estar dotada de garantías suficientes para su actuación eficiente y en igualdad de armas con el poder persecutorio”, afirmó.

También se explayó sobre aspectos que consideró primordiales respecto de los derechos que garantice la nueva Carta Fundamental: “Se debe establecer explícitamente la presunción de inocencia y las principales garantías procesales contempladas en los tratados internacionales, sin perjuicio de asignarle a éstos una jerarquía constitucional como ocurre en varios países de la región”, indicó.

Finalmente, la Defensora Regional sostuvo que en materia de ejecución penal es urgente el diseño de una estructura jurisdiccional que vele por el respeto de los derechos humanos y garantías procesales al interior de las unidades penales y que haga posible una efectiva reinserción social. 

"Nuestra aspiración es que la Constitución reconozca como un derecho la reinserción social en su amplio sentido, de manera de entregar nuevas oportunidades a las personas que, habiendo cumplido sus condenas, se incorporan a la vida social en libertad. Este derecho debidamente asegurado puede tener efectos sociales positivos como dispositivo institucional que rompa el duro círculo de la reincidencia”, concluyó.

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