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Cuestión carcelaria y nueva Constitución

08/11/2021

Columna de opinión

Cuestión carcelaria y nueva Constitución

Artículo redactado por el Defensor Regional de Atacama, Raúl Palma Olivares, y publicado en el "Diario Atacama".

Por Raúl Palma Olivares,
Defensor Regional de Atacama.

El actual proceso constituyente en nuestro país ha puesto en el debate nacional una serie de asuntos que requieren de un nuevo enfoque en las garantías y derechos de las personas, propio del siglo XXI y conforme a los principios que ya fueron explicitados en el reglamento de la Convención Constitucional, publicado en octubre reciente, como es el tránsito hacia un estado social de derechos, incorporando la plurinacionalidad, la preeminencia de los derechos humanos, la perspectiva de género, la prohibición de discriminación, el pluralismo y la inclusión social, entre otros principios rectores.

Una de las áreas de la justicia penal que requiere una urgente e inevitable transformación es la penitenciaria, en el sentido de dotar al nuevo sistema carcelario de tres cuestiones que son esenciales: definir constitucionalmente una finalidad resocializadora expresa de la sanción penal, incorporar directamente el corpus de derecho internacional penitenciario de los derechos humanos y dotar de una legalidad y juridicidad al sistema, tanto en la dictación de una ley penitenciaria como en la creación de una judicatura de ejecución.

Existen otros asuntos relevantes, como la definición de políticas que inhiban la sobrepoblación y el hacinamiento a través de cuotas de ingreso, velar por una infraestructura con enfoque en la dignidad de las personas privadas de libertad, el acceso a la salud, la no privación de la ciudadanía y, por cierto, erradicar la violencia de las cárceles, tanto aquella entre internos como la institucional, como lo han refrendado los informes del último año del INDH y del Mecanismo Nacional para la Prevención contra la Tortura.

Como Defensoría Penal Pública, bregamos diariamente por que se respeten los derechos fundamentales de los privados de libertad (los mismos derechos de todos, salvo los restringidos por la sentencia penal), pero se requiere un nuevo sistema penitenciario, con jueces especializados, con debido proceso, con transparencia y con una ley que legitime los procedimientos, sobre todo sancionatorios sobre las personas. Y esto es urgente, para evitar lo que el juez Zaffaroni ha descrito como la aplicación administrativa de penas ilícitas.

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